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El 1 de noviembre, los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said imputaron al gobernador Hugo Javier, a varios funcionarios de la institución, a contratistas y también a representantes de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), que recibió G. 5.105 millones del fondo de emergencia sanitaria, por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, luego de confirmar un rosario de irregularidades en torno a la ejecución del dinero público. G. 6.382 millones, equivalente a US$ 1.000.000.
Los agentes solicitaron como medida cautelar que el administrador departamental, más conocido como el “locutor número 2″ por su faceta como animador de fiestas, sea apartado del cargo al igual que sus subalternos sospechados de corrupción y que los mismos no vuelvan a ingresar a la sede departamental así como tampoco contactar con ningún funcionario.
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Ignoraron informes y pedido fiscal
Algunos miembros de la comisión especial y de la Cámara de Diputados, que la semana pasada salvaron a Hugo Javier de la intervención solicitado por 12 concejales departamentales, de un total de 21, ignoraron por completo los informes de la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac), de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), de Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), de la Contraloría General de la República (CGR), además del acta de imputación y el pedido fiscal, y votaron por el blanqueo del gobernador.
Los cuatro entes contralores y los fiscales Estigarribia, Said y Cabrera confirmaron los graves indicios de corrupción que compromete el buen manejo del fondo covid-19, pero los legisladores solo tuvieron en cuenta lo manifestado por la defensa del exanimador de fiestas y hasta se prestaron al circo que consistió en el recorrido por las zonas de obras, cuya ruta estuvo pautada por los letrados Bernardo “Lalo” Villalba y Fausto Portillo, ambos abogados de Hugo Javier, quienes en todo momento minimizaron la investigación y trataron de instalar que “las obras están” y que por tal motivo no existe una lesión de confianza.
Incluso, Villalba se atrevió a acusar a las empresas prestadoras de servicios, que fueron las mismas, quienes clonaron sus facturas para obtener ventajas.
Recordemos que en la rendición de cuentas de la Gobernación aparecen facturas clonadas, empresas fantasmas, facturas a créditos que no fueron canceladas, pero figuran como pagadas, reemplazo de comprobantes, entre otras anomalías. Fueron imputadas en el caso 15 personas.
Chicanas
Los defensores de Hugo Javier, los letrados Andrés Casati y Fausto Portillo, presentaron una nueva chicana la semana pasada para dilatar el proceso y seguir retrasando la audiencia de imposición de medidas.
Hasta la fecha se inhibieron los jueces titulares especializados en Delitos Económicos José Agustín Delmás, por enemistad con uno de los abogados; Humberto René Otazú, por amistad con otro abogado; la suplente Cecilia Ocampos, también por amistad con otro defensor, y la magistrada Clara Ruiz Díaz, que impugnó la inhibición de su colega Otazú “por carecer de suficientes argumentos” y la misma remitió el expediente al despacho de la otra jueza suplente, María Elena Cañete.
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Pero el Tribunal de Apelaciones calificó de “inoficioso” la impugnación de Ruiz Díaz, ya que la misma no tiene competencia en la causa. Si bien la deslindan de responsabilidad alguna, en la parte resolutiva del fallo solo dice “se declara inoficioso” el estudio y tratamiento de la impugnación y no menciona que la misma queda apartada del caso.
Esto fue motivo suficiente para que la defensa de Hugo Javier planteara una nueva chicana y solicitan que la causa tampoco sea atendida por Cañete y que vuelva al lugar de origen, es decir, al despacho de Ruiz Díaz.
Los miembros del Tribunal Arnulfo Arias, Andrea Vera y Bibiana Benítez deberán resolver quién finalmente estará a cargo de la causa.