El concejal Álvaro Grau (PPQ) denunció días atrás que el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, autorizó un pago a Empo Limitada de forma irregular, con un monto que sería casi el doble de lo que se debía pagar, a poco de renunciar a su puesto para recandidatarse, en junio pasado. El entonces director de Administración y Finanzas, Wilfrido Cáceres, había dicho en el 2021 que el acuerdo con Empo “se logró” cuando la Comuna prometió el pago de G. 14.000 millones. Sin embargo, el edil afirmó que el pago en realidad fue de G. 22.000 millones.
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Mediante un informe ante nuestras consultas, la Municipalidad de Asunción confirmó a nuestro diario que se realizó un pago de G. 22.010.617.011 y resaltó el proceso. No obstante, no explicó por qué hubo un cambio en los montos anunciados.
Respecto a la diferencia de montos, el actual jefe de Gabinete, Federico Mora, aseguró que no hubo un cambio y que siempre se trató de G. 22.000 millones. Explicó que los G.14.000 millones corresponden solo a intereses.
“Tal vez fue un tema de interpretación de la noticia en ese momento. No estuve y no puedo referir a lo que haya dicho otro (Wilfrido Cáceres), sino a los documentos”, indicó. “Es muy claro todo porque el laudo es muy preciso”, agregó.
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“Estos reajustes no otorgados que la Municipalidad de Asunción estaba condenada a pagar, ascendían a la suma de G. 44.021.234.022. El monto de la demanda reconvencional formulada por el consorcio Empo Ltda. y Asociados era por la suma de G. 197.106.609.547″, dicta el documento entregado ayer. Según la Comuna, la institución resultó gananciosa en el arbitraje, pues se rescindió el contrato y se ejecutó la póliza de fiel cumplimiento, de USD 213.010,15 (G. 1.497.461.354).
En el documento se recuerda que el contrato fue rescindido por vía de arbitraje por recomendación de la Contraloría General de la República (CGR) y la Junta Municipal. Asimismo, que el arbitraje es la “única vía legal para la rescisión del contrato (ley 1618/20 de concesiones)”.
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El Consorcio Empo fue beneficiado en el 2005 con la concesión del servicio de disposición final de residuos precedido de obra pública (planta de transferencia) por un plazo de 30 años. Innumerables irregularidades cometió la empresa, la que además incumplió el contrato al nunca construir la Planta de Transferencia.