Imedic: Clan Ferreira dice que contrabando de insumos chinos fue “un desliz administrativo”

Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini, directivos de la firma Insumos Médicos (Imedic SA), declararon hoy en el juicio oral y público que afrontan por el supuesto contrabando de las 50 camas hospitalarias de alta gama que ingresaron al país al inicio de la pandemia por covid-19; y calificaron el hecho como un “desliz administrativo”. La fiscalía presentará sus alegatos finales el miércoles 25 de octubre.

Justo Ferreira Servín, directivo de Imedic, se retira de la sala de juicio luego de su declaración.
Justo Ferreira Servín, directivo de Imedic, se retira de la sala de juicio luego de su declaración.virgilio vera

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El acusado de supuesto contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por el caso de los insumos chinos Justo Ferreira Servín afirmó que al inicio de la pandemia en la firma Insumos Médicos (Imedic) se resolvió que la empresa no participaría de ninguna licitación debido a que los precios de todos los insumos se incrementaron por lo menos diez veces más del costo normal, en todo el mundo, a consecuencia de la situación sanitaria.

Sin embargo, pocos días después cambió de postura porque su hija menor es una profesional de blanco que “estaba en la primera línea de batalla contra el virus y no tenían ni tapabocas ni mucho menos trajes de protección”, según argumentó el acusado.

“Nunca nos avisaron que existían mecanismos para el despacho. A mí me indicaron sobre la metodología recién cuando llegó el cargamento de insumos, que todos en el país necesitábamos. Como no todas las camas tenían la documentación requerida nos aplicaron una multa en Aduanas, pagamos esa multa y liberaron los productos”, puntualizó Ferreira.

Agregó que hace 40 años que trabaja en el rubro y que nunca sufrió un ataque “tan inmisericorde” como el que se inició desde que los insumos chinos fueron rechazados, debido a que el Ministerio de Salud Pública les canceló el contrato.

Alegatos finales del MP sobre “insumos chinos”

El juicio oral continuará el miércoles 25 de octubre, a las 11:00, con los alegatos finales de la fiscalía, según dispuso el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por Elsa García, como presidenta, Juan Pablo Mendoza y Yolanda Morel de Ramírez.

El fiscal Osmar Legal, quien representa en esta causa penal al Ministerio Público junto a sus colegas de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Jorge Arce; consideró que Justo Ferreira entró en varias contradicciones durante su declaración en el juicio oral, en el que no admitió preguntas de los agentes fiscales.

“De todas maneras varios de sus dichos van a ser utilizados en los alegatos finales del Ministerio Público. La defensa habla de un desliz administrativo, pero todos los argumentos de los acusados están desvirtuados por elementos probatorios”, puntualizó el agente del Ministerio Público.

Legal detalló que teniendo en cuenta los hechos punibles acusados; contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, la expectativa de pena máxima para los acusados sería de 15 años de cárcel.

Contrabando de “insumos chinos” de Imedic, según la Fiscalía

Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini están acusados junto con el despachante de Aduanas Carlos Gamarra por los supuestos hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

Los otros enjuiciados en la presente causa penal por el caso de los “insumos chinos” son los funcionarios de Aduanas Guillermo Molina Camp y Gustavo Acosta Acosta.

Según la acusación fiscal, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud Pública mascarillas con filtro por G. 33.660 millones, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080 millones y camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, totalizando la suma de G. 47.952.500.000.

El 18 de abril del año 2020 arribaron al país no solo las 400 camas solicitadas, sino 450, y el excedente (50) eran camas eléctricas de alta gama, que no estaban previstas en los papeles, pero aun así ingresaron a territorio paraguayo, según sostiene la fiscalía.

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