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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros César Diesel, Víctor Ríos y Eugenio Jiménez Rolón resolvió rechazar la excepción de inconstitucionalidad interpuesta por Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini, acusados junto a otras tres personas por el supuesto contrabando de los “insumos chinos” por parte de la firma Imedic SA.
La garantía constitucional fue planteada el 17 de abril de 2023 por el propietario y la presidenta de Imedic, bajo patrocinio de los abogados Marcio Battilana y César Alfonso en contra del Artículo 336 de la Ley Nº 2.422/04 modificado por el Art. 1° de la Ley de Código Aduanero, argumentando que el artículo de la Ley impugnada transgrede el Artículo 17 inciso 4° de la Constitución Nacional.
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Con el rechazo de la excepción de inconstitucionalidad, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por la jueza Elsa García e integrado por Juan Pablo Mendoza y Yolanda Morel de Ramírez, podrá dictar sentencia en el juicio que afrontan los directivos de Imedic.
Los demás acusados por el caso “insumos chinos” son el despachante de Aduanas Carlos Gamarra por los supuestos hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, y los funcionarios aduaneros Guillermo Molina Camp y Gustavo Acosta Acosta.
Estos dos últimos están acusados por la presunta comisión de delitos señalados en el Art. 337 de la Ley 2422/04 “colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas”, en calidad de autores.
Argumentos contra excepción de directivos de Imedic
El ministro César Diesel (preopinante) argumentó que los representantes del clan Ferreira no realizaron una fundamentación acorde acerca de la violación, lesión o perjuicio en concreto que ocasiona a la defensa la referida norma cuestionada de inconstitucional y la demostración o justificación fehaciente de su contradicción con disposiciones constitucionales.
“Se trata de una pretensión basada en manifestaciones insuficientes, sin una justificación clara y precisa de la lesión o agravio concreto irreparable que podría surgir ante la eventual aplicación de la norma impugnada y el derecho conculcado. Para pretender la inconstitucionalidad de normas del ordenamiento jurídico, la fundamentación debe ser completa, inteligible y autónoma, lo cual no se observa en este caso”, puntualizó el presidente de la Sala Constitucional.
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A su vez, el ministro Víctor Ríos resaltó en su voto que la alteración al sistema Republicano de gobierno, producto del ejercicio del método de equilibrio y control entre Poderes del Estado, tal como ocurre con la declaración de inconstitucionalidad de una acto normativo dictado por el Congreso Nacional, es de tal entidad que sólo se halla justificada en caso de existir un agravio actual y concreto sufrido por quien pretende beneficiarse con dicha garantía constitucional. “Lo cual no ocurre en el presente caso”, según fundamentó.
Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez Rolón señaló que la excepción de inconstitucionalidad fue planteada días antes del inicio del juicio oral y público a los acusados en la presente causa y que la garantía constitucional fue planteada fuera del plazo establecido en el Código Procesal Penal.
Juicio por caso “insumos chinos”, en etapa final
El juicio oral y público que afrontan Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreria Pascottini y otras tres personas acusadas en el caso de supuesto contrabando de los “insumos chinos” y otros hechos punibles continuará el martes 17 de octubre, a las 7:30, con las declaraciones del propietario y la presidenta de la firma Imedic SA.
El Tribunal de Sentencia dispuso que la presentación de los alegatos finales de los fiscales Osmar Legal, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Jorge Arce, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, y las defensas de los cincos acusados, será en la siguiente audiencia, que también se haría la próxima semana.
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Según la acusación fiscal, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud Pública mascarillas con filtro por G. 33.660 millones, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080 millones y camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, totalizando la suma de G. 47.952.500.000.
El 18 de abril del año 2020 arribaron al país no solo las 400 camas solicitadas, sino 450, y el excedente (50) eran camas eléctricas de alta gama, que no estaban previstas en los papeles, pero aun así ingresaron a territorio paraguayo, según puntualiza el Ministerio Público.