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El polémico Concurso de Itaipú, el PSE 2023, convocado por el gobierno de Mario Abdo Benítez para ocupar alrededor de 220 vacancias en la binacional, se convirtió en una de las primeras crisis del gobierno de Santiago Peña. De hecho, el concurso ya generó polémica y fue utilizado como campo de disputa política interna durante la campaña presidencial, antes de que Peña asumiera el cargo.
Ya desde mayo de este año, la Itaipú Binacional inició el proceso de socialización del concurso, anunciando que estaba en búsqueda de alrededor de 220 personas para ocupar cargos tan diversos como ingenieros electromecánicos, civiles, electrónicos, analistas, asistentes sociales, guardias de seguridad y bomberos. También se busca abogados, asistentes sociales, periodistas junior, guardias, gestores de turismo y hasta cuidadores de animales.
Para cada cargo, la Itaipú estableció un reglamento específico, además del reglamento general, en el que establecía los distintos requisitos que se debían tener para poder acceder a los puestos, que ofrecían además jugosos salarios, que aunque no eran de público conocimiento, establecían las diferentes categorías salariales, que, según la página de la Itaipú, están muy por encima de los salarios que se pagan en otras empresas públicas o privadas.
A partir de ahí, todo empezó a enturbiarse, pues ni bien fueron presentados los reglamentos específicos para cada cargo, llamaron la atención de muchos concursantes, por la similitud con el perfil de varias personas relacionadas con la entidad y que contaban con currículos muy similares a los requeridos.
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Concurso de Itaipú: primeras irregularidades
Ya para la segunda semana del mes de mayo se realizaron las primeras denuncias que cayeron en la redacción de ABC Color, con respecto a sospechosos requisitos a medida de concursantes, que, casualmente, ya prestaban servicios en la entidad, pero de manera externa.
Tales eran los casos de los cargos de Periodista Junior y Gestor de Turismo- Arquitecto Junior, cuyos sospechosos requisitos parecían estar a medida de dos concursantes que, casualmente, ya eran funcionarias de la Entidad.
A todo esto se sumó el hecho de que uno de los requisitos era el de Gestión de Proyectos Turísticos Sustentables, que sospechosamente es un Diplomado que otorga el Instituto Tecnológico Superior de la Fundación Ambiental (Funam), ligada al entonces asesor de Turismo, Juan Azuaga, al menos según las publicaciones de sus propias redes en las que asegura ser el presidente de la Fundación.
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Itaipú respondía que no podía prohibir a sus funcionarios participar
Tras la primera serie de denuncias publicadas por ABC Color, de supuestos requisitos a medida para algunos de los cargos ofrecidos, la Itaipú realizó una conferencia de prensa, el 20 de mayo. Ante cuestionamientos de que funcionarios de Itaipú estaban inscriptos para concursar por los puestos vacantes en la binacional, el entonces director general paraguayo de la entidad, Manuel María Cáceres, acompañado de consejeros y directores de la entidad, dijo que esta situación se daba porque la institución no tiene concursos internos.
Sobre las denuncias de “cargos a medida”, Cáceres señaló entonces que son “muchas personas las que se presentan, no solo esa persona. En promedio, tenemos 70 a 80 (inscriptos) por cada cargo, en algunos están 500 personas, en otras 300, son cargos muy competitivos, no están hechos a medida. Queremos que ingresen los más capaces”, afirmó entonces. No obstante, después comunicaron cambios en esos reglamentos.
Mientras el concurso avanzaba en medio de estas y otras denuncias de irregularidades, y algunos sectores del cartismo pedían que las adjudicaciones sean postergadas hasta el cambio de gobierno. Incluso el presidente, entonces electo, Santiago Peña, era partidario de suspender las adjudicaciones, pero faltaba aún mucho tiempo para el cambio de gobierno.
Finalmente, y a pesar de todos los cuestionamientos, el 26 de julio de este año, Itaipú dio por culminado el proceso de selección de postulantes para cubrir vacancias sin siquiera haber cubierto todos los puestos disponibles, ante la queja de postulantes ternados, pero no seleccionados, que denunciaron supuestos direccionamientos en el concurso.
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Altos cargos ubicaron a sus hijos en la entidad
Una vez establecida la adjudicación de 187 nuevos cargos en la Itaipú, las denuncias volvieron a llegar a la redacción de ABC, dando cuenta ahora ya de casos concretos de personas ligadas a la entidad, ya sea como contratadas o por parentesco con funcionarios y hasta con altos directivos, que terminaron contratadas.
Uno de los casos más notorios fue el del defensor general de la Itaipú, Francisco Javier Coronel Castillo, que en el PSE 2023 había ubicado no solo a uno, sino a dos de sus hijos en la binacional: Fabricio Martín Coronel García y Javier Sebastián Coronel García.
ABC accedió a documentación que demostraba además que otro de sus hijos, Franco Manuel Coronel García, ya venía desempeñándose desde hacía más un año y medio como aprendiz en la entidad, asi como la esposa de Fabricio, Jazmín Zuleta Banks, también era funcionaria de la Itaipú Binacional.
Otras denuncias recibidas y publicadas por ABC daban cuenta de que otro de los beneficiados del concurso de la Itaipú Binacional era nada más y nada menos que Esteban Martín Caballero Campos, hijo del entonces director jurídico de la Entidad, Juan Rafael Caballero González.
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Cambio de gobierno y destitución de los 187 nuevos funcionarios
Ya el 11 de octubre pasado, finalmente, y tras dos meses de haber asumido el nuevo gobierno, la Itaipú dio a conocer que daba por terminado el contrato individual de trabajo de las personas que fueron admitidas mediante el Proceso Selectivo Externo (PSE) 2023, en el cual participaron más de 17.000 compatriotas, asegurando que “lamentablemente, no garantizó la igualdad de oportunidades”. De esta manera, los 187 seleccionados eran desvinculados.
Justo Zacarías Irún, titular paraguayo de la Entidad, detalló que encontraron modificaciones al reglamento antes y durante el desarrollo del proceso; requisitos inadecuados para ciertos cargos, que limitaron injustamente la participación ciudadana, y el incumplimiento tanto del Reglamento General como del Específico, que resultó en admisiones que transgreden las normativas vigentes, explicó en una conferencia de prensa.
El director general agregó que determinaron objetivamente irregularidades en el proceso de alrededor del 40% de los funcionarios que ingresaron, empezando así una serie de protestas por parte de quienes reclamaron luego de que se los deje afuera a todos sin siquiera hacer un análisis caso por caso.
En las movilizaciones, estas personas reclamaron que se estaban violando sus derechos laborales y muy particularmente de una serie de funcionarias que contaban con protección legal especial, dado que estaban embarazadas o en periodo de lactancia.
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Empieza la reculada del Gobierno
Ante estas circunstancias que parecieron haber sido pasadas por alto en una decisión tan radical como la destitución de 187 personas, el gobierno de Santiago Peña empezó un proceso de “reculada”, pese a la firmeza inicial de sus decisiones. Primero con las embarazadas y en periodo de lactancia, que fueron inmediatamente reincorporadas.
Las movilizaciones incluso generaron la consideración de las autoridades de la entidad de tomar acciones legales, alegando que se había privado de su libertad a los demás funcionarios.
Las movilizaciones se trasladaron después a la capital, donde los desvinculados realizaron varias jornadas de protesta frente a las oficinas de la Itaipú en Asunción. Durante todo el proceso, los funcionarios desvinculados contaron con el acompañamiento de los sindicatos de funcionarios de la entidad.
Los destituidos continuaron con las movilizaciones, tanto en Alto Paraná como en Asunción, que culminaron con una manifestación frente a Mburuvicha Róga, donde denunciaron haber sido cobardemente reprimidos por orden del Poder Ejecutivo. Tras esto, finalmente los manifestantes fueron recibidos en una mesa de trabajo con representantes del presidente Peña.
Se confirma la reculada
Finalmente, ya el 9 de noviembre pasado, Itaipú comunicó a través de sus cuentas en redes sociales que reincorporaría inmediatamente a 165 personas de las 185 seleccionadas para trabajar en la entidad y que al poco tiempo fueron desvinculadas. En sus perfiles no hallaron indicios de irregularidades, pero sí en los restantes 20 (10,8%), señalaron entonces.
Tras el sumario aplicado por la Itaipú Binacional a seis funcionarios que tuvieron participación en el Proceso Selectivo Externo (PSE) 2023, Juan Manuel Azuaga, jefe de División de Iniciativas de Turismo; Alberto Ariel Ramírez, jefe del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos, y Lidia Cristina Guerrero, jefa de División de Selección y Acompañamiento de Recursos Humanos, fueron relevados de sus cargos.
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