Reglamento 1115: pequeños productores temen recibir menor precio por su soja

Aunque también los medianos y grandes, los pequeños productores de soja son los que están más preocupados ante el impacto directo que tendrán las exigencias de la Unión Europea, con el reglamento 1115/2023, según manifestó desde San Joaquín, Caaguazú, Dionisio Páez.

Comentó que los productores de su zona se mantienen alerta y han realizado reuniones para entender y analizar las implicancias de este reglamento.

“Muchos de nosotros trabajamos con los silos para proveerles directamente, podemos decir de dónde viene, porque sabemos de dónde sale nuestra soja, pero no tenemos título de propiedad”, condición exigida por la normativa 1115/2023 de la UE, explican en la información que difundió la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

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Páez señala que en su zona se ve muy lejana la posibilidad de cumplir el nuevo reglamento en su integridad, porque en el lugar aún hay mucho atraso, aunque el desarrollo ahora está encaminado con la agricultura moderna.

Nos mantenemos firmes y con esperanzas, dijo Páez señalando que son muchos los desafíos que enfrenta la producción agrícola, a las que ahora se suman nuevas demandas del mercado.

Por otra parte, Víctor Díckel, productor del distrito de Natalio, Itapúa, manifestó que es muy importante que se escuche la voz del productor, por medio de diálogos, porque las medidas que afecten al campo deben adaptarse a la realidad, para que puedan cumplirse. La norma 1115 de la UE podría ser algo complicado si se llegara a concretar, porque hay cosas que se deberán corregir, de lo contrario se estaría desfavoreciendo al productor paraguayo, dijo.

Esteban Vasconsellos, asesor de la Unión de Gremios de la Producción y miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación Rural del Paraguay, apuntó que toda negociación que haga nuestro país con los mercados debe partir de la mirada al campo.

Explicó que, en el caso de que existan intereses en otros mercados, no se puede trabajar desde la imposición del mercado, sino desde la incorporación efectiva del productor al mismo.

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En ese sentido, propuso iniciar con los productores y con todos los actores de la cadena de la soja, principalmente con la parte logística, la tarea de comprobar si la mayoría puede cumplir las exigencias, en cuanto a segregación y otros aspectos.

Vasconsellos indicó que está preocupado de que, por querer cumplir con los plazos, entremos en un esquema que luego nos genere preocupación y una serie de problemdf para la comercialización. Ahora es Europa, pero en el futuro otros mercados. Así que, con más razón, necesitamos cosas bien hechas, según declaró.

Insistió en que es necesario exigir la potestad de armar un esquema en el marco de las posibilidades del país y respetando su reglamentación.

“Nuestro Estado tiene que buscar que se incorpore la mayoría de los productores, no solo un pequeño grupo; y si no hay solución que lo hagan con una consultoría privada para quienes deseen entrar en el esquema”, añadió.

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¿Soberanía o simple cuestión comercial?

El reglamento UE 2023/1115 que se viene debatiendo desde principios de este año en el sector de la producción y de las industrias agropecuarias de soja y carne, se plantean dos posturas.

Una de las posiciones señala a la normativa 1115 y su enfoque global hacia los países proveedores como algo que afecta la soberanía de los países, así también hay otra parte que señala la reglamentación de referencia como una simple política de mercado, a la que si uno quiere se adecua para poder venderles.

Así, la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) señala que la normativa referida, que entró en vigor para los 27 países que conforman la UE, establece condiciones para ciertos productos que se quieran introducir y comercializar dentro de la UE, tales como soja, carne bovina, madera, cacao, aceite de palma, café, caucho y sus productos derivados. “La reglamentación de la UE no modifica leyes de los países, sólo establece requisitos que los importadores europeos deben cumplir. No aplican específicamente para Paraguay, ya que es una disposición que tiene que cumplir el importador de los países de la UE, cualquiera sea el país de origen de los productos que se importen. Por lo tanto, en ningún momento se enfoca específicamente en la soberanía de nuestro país”, según la postura de Cappro.

En contraparte, el exministro del Ambiente y también extitular de Agricultura, Ing. Alfredo Molinas, que asesor de a Unión de Gremios de la Producción (UGP) opina que la Norma 1115/2023 de la Unión Europea es peligrosa y amenaza a toda la producción.

El mismo argumenta que el propio Consejo Agropecuario del Sur (CAS) la rechaza señalando que el agro es esencialmente víctima del cambio climático.

“Es una amenaza al sector productivo del país y en especial a los pequeños productores, quienes serán los más perjudicados si el Gobierno decide continuar con proyectos que lo citan como condicionantes, porque según varios proyectos financiados por la UE en Paraguay, se busca imponer dicha norma en el país”.