Hoy, en sesión ordinaria, los miembros del Jurado de Enjuciamiento de Magistrados (JEM), tomaron conocimiento a través de su Secretaría Jurídica sobre la polémica situación que involucró a la fiscala adjunta de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Matilde Elena Moreno Irigoitia, y el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid.
El Jurado recibió la información en base a lo publicado por ABC con el título: “Fiscala evitó allanamiento clave tras detención de líderes ligados al Comando Vermelho”. En este sentido y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 6814/2021, el órgano fijó para el próximo 30 de diciembre el cómputo del plazo para activar su actuación de oficio.
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El citado artículo señala que “cuando el hecho causal de enjuiciamiento resulte grave, notorio o, por su naturaleza, afecte el interés público o social” y luego de transcurrido 10 días hábiles, “y si el litigante o profesional afectado no haya formulado acusación ante el Jurado, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo y/o la Fiscalía General del Estado, podrán asumir el rol de acusador”.
En caso de que ninguno de los señalados hayan presentado acusación, “el Jurado, dentro de los diez días hábiles posteriores y por voto coincidente de seis de sus miembros, podrá iniciar de oficio una investigación preliminar previa o inclusive el enjuiciamiento”.
En este caso dieron su aprobación la vicepresidenta 1° del JEM, Alicia Pucheta, el vicepresidente 2° senador Derlis Maidana, el ministro de la Corte, Manuel Ramírez, y el consejero Enrique Berni, quienes participaron de forma presencial; también el titular del Jurado el ministro de la Corte, César Garay, el senador Mario Varela y el diputado Alejandro Aguilera, quienes participaron por medios telemáticos.
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Grave denuncia de Rachid contra Matilde Moreno
Agentes de la Senad desmantelaron una organización dedicada al tráfico de cocaína, marihuana, y armas al Brasil, mediante la denominada operación Conexión CV. Este procedimiento culminó con la detención de varias personas.
Sin embargo, durante la operación también surgieron otros datos más, como el de una nueva ubicación, donde podrían hallarse más drogas de la misma banda criminal. Esto derivó en una comunicación y pedido de allanamiento de parte del ministro antidrogas Jalil Rachid a la fiscala adjunta Matilde Moreno.
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“Ella me manifestó que era insuficiente, que no estaba fundado nuestro pedido de allanamiento. Esa fue su respuesta y es por eso que nosotros continuamos nomás ahí donde estábamos y levantamos la vigilancia en el otro procedimiento”, mencionó Rachid.
Esa insólita respuesta de parte de la fiscala Adjunta desató la molestia Rachid, quien le dijo, por ejemplo, que “¡son una vergüenza!“, así como que ”¡por eso están cómo están!“ y que ”¡tienen el freno de mano levantado!“, todas estas frases en referencia a la actual situación del Ministerio Público (MP).
La acalorada discusión sucedió frente a varios agentes especiales e incluso funcionarios de la Fiscalía que estaban con el ministro en el lugar del allanamiento. Ante la sospechosa negativa de Matilde Moreno, quien evitó que se incautaran las drogas y armas, Rachid ordenó a sus agentes levantar la vigilancia en Luque.
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Fiscal general defendió a su mano derecha
Luego de que trascendiera esa situación y la discusión entre Rachid y Moreno, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, resolvió salir a explicar los fundamentos que regulan ese tipo de diligencias y habló de la importancia de respetar las garantías constitucionales vigentes y aplicables en ese tipo de intervenciones.
El titular del Ministerio Público manifestó que la petición presentada por la autoridad de la Senad “no estaba en forma”, es decir, carecía de los detalles considerado como indispensables para la misma, además de que no reunía las condiciones necesarias para que sea elevada y tramitada ante el Juzgado Penal de Garantías.
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Rolón recordó, que la Fiscalía no ordena allanamientos, sino que viabiliza la solicitud ante un juez competente, quien es la autoridad encargada de autorizar la medida.
En ese contexto, el fiscal general Emiliano Rolón, reiteró que todo pedido de allanamiento debe contener las circunstancias del hecho, la descripción del lugar a intervenir, los elementos buscados, las diligencias previstas y los fundamentos jurídicos que justifican la medida.
“No se puede violar un domicilio por cualquier eventualidad; existen condicionantes legales muy claras”, enfatizó.