La Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), vive actualmente una verdadera crisis en el servicio de recolección de basuras producto del abandono de sus camiones recolectores. Su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), dejó caer una flota de 24 vehículos nuevos, que le costaron G. 27.400 millones a los contribuyentes de la capital.
El deterioro en la calidad del servicio es palpable, por ejemplo, en a calle José Asunción Flores, paralela a la avenida Eusebio Ayala, y que atraviesa los barrios Bernardino Caballero y Mburicaó, es un vertedero irregular a la vista de todos.
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En varios puntos de su recorrido de casi dos kilómetros, desde General Santos hasta Choferes del Chaco, enormes cantidades de desperdicios están esparcidas por las veredas de esta vía. Grandes bolsas plásticas, cajas de cartón, restos vegetales, productos de la poda de árboles, además de restos de alimentos y escombros, se acumulan frente a viviendas y comercios de esta calle.
La falta del recorrido de los camiones recolectores por la zona también se refleja en los contendores domiciliarios, donde la basura se acumula, en grandes cantidades. Ni siquiera los paseos centrales de avenidas transversales como Kubitschek se salvan de estar inundadas de basuras.
Millonario abandono
EN 2022, el exintendente había destinado G. 27.400 millones en una flota de 24 camiones recolectores nuevos para la Dirección de Servicios Urbanos. Menos de tres años después, producto de la falta de mantenimiento de esos vehículos, la dependencia trabaja con la mitad de la flota de alquiler, denuncian los sindicatos de funcionarios.
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Esta semana, Julio Fernández, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema), denunció que desde la adquisición de estos vehículos, “se los dejó caer”, sin el mantenimiento adecuado, pese a su uso sin pausa.
El líder gremial remarcó que el mal uso continúa durante la gestión del intendente Luis Bello, que asumió en vez de Nenecho en agosto, y que pese a la designación de Armando Becvort como director de Servicios Urbanos, el funcionamiento de la dependencia no cambió para bien. De una flota de 28 vehículos propios, apenas entre 11 y 12 funcionan, mientras que el resto se suple con maquinarias de alquiler.
El “negocio” del alquiler
Desde el propio sindicato de obreros municipales, Julio Fernández había señalado como llamativo que la comuna siga destinando cuantiosas cifras al alquiler de camiones en lugar de reparar los propios. “Detrás de esto hay una intención de precarizar el servicio de recolección con el fin de poder justificar una privatización”, había declarado a ABC.
El lucrativo negocio de alquiler de camiones recolectores, había sido adjudicado en 2024 por, el exintendente Rodríguez, a las firmas El Palacio SA, representado por Roque Vidal Gaona, por G. 13.208 millones, y Depósito San Cristóbal, representado por Bernarda González Morínigo, por G. 23.446 millones.
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El Palacio provee el servicio de alquiler de camiones recolectores compactadores doble eje a G. 357.000 por hora, y de eje simple por G. 340.000 por hora. San Cristóbal cobra G. 350.000 por hora para los recolectores de doble eje y G. 270.000 por hora para los de eje simple.
Haciendo un cálculo simple, tomando como base una jornada de dos turnos de 8 horas y trabajando de lunes a viernes, en un año el alquiler de un camión de doble eje puede llegar a costar G. 1.370 millones, lo que casi equivale al valor de un vehículo nuevo.
Lo que dijo el interventor
El interventor Carlos Pereira, que tuvo a su cargo la fiscalización de la administración de Nenecho, menciona en su informe final que Rodríguez dilapidó cerca de G. 13.000 millones de los bonos G8 en labores, insumos y servicios, sin aparente respaldo. Entre esos servicios “fantasma” está el alquiler de recolectores de basura.
Pereira reportó que las órdenes de trabajo para la utilización de esos vehículos carecían de datos básicos, como nombre del operador, trabajo asignado y otros. Agregó que “los choferes realizan jornadas continuas de trabajo sin pausa de hasta 11:55 horas diarias, sin intervalo de descanso, lo que no resulta razonable desde el punto de vista operativo y humano”.
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El interventor reportó “terribles prácticas ilegales”, incluido el uso de una “cuenta única”, mediante el cual la administración de Rodríguez justificó el monumental desvío de G. 512.000 millones de bonos que debían ser para obras, pero fueron usados en salarios y otros gastos corrientes.
Rodríguez presentó su renuncia al cargo el 22 de agosto, minutos antes de la presentación del contundente informe final del interventor y ante la inminencia de su destitución. “Nenecho” enfrenta ahora, por lo menos ocho procesos judiciales, incluyendo una acusación formal por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.