El juicio oral y público a los acusados por el caso A Ultranza Py prosiguió este viernes con la declaración del pastor José Alberto Insfrán Galeano, hermano del supuesto traficante de drogas Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano, ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que preside la jueza María Luz Martínez e integran Dina Marchuk y Federico Rojas.
“ Esta causa es más política que judicial. La Fiscalía dice que yo me fui en el 2013 al distrito de Curuguaty y eso ya fue en el 2011. Con la guía de Dios yo llegué a esa ciudad el 2 de setiembre de 2011, cuando abrimos ahí la iglesia Centro de Convenciones Avivamiento”, expresó el acusado de supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, en parte de su declaración indagatoria en el juicio del que participa por medios telemáticos desde su lugar de reclusión.
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Consultado sobre las empresas que tenían con “Tío Rico” y sus hermanas, como “El Porvenir S.A”, Pastor Insfrán afirmó que son “una familia trabajadora no un clan de inútiles” y que el capital inicial para la constitución de dichas empresas tuvieron fuentes lícitas, como préstamos de cooperativas. Negó que dichas operaciones formen parte de un esquema de lavado de dinero fruto del tráfico internacional de drogas.
De acuerdo con lo programado por el colegiado de sentencia el juicio oral que afrontan “Tío Rico”, Pastor Insfrán y otros 16 acusados en el caso A Ultranza Py, entre ellos el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio, continuará el viernes 16 de enero, desde las 10:00, con las declaraciones de otros enjuiciados en la presente causa penal.
Acusación contra Pastor Insfrán en A Ultranza
La acusación fiscal señala que el pastor José Alberto Insfrán habría colaborado con el uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera, considerado el líder de la megared narcotraficante, para constituir la firma Mastian Production en 2019. Esta sociedad le dio un soporte al uruguayo para hacerse pasar por empresario de artes y espectáculos.
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Desde ese año Marset se radicó en Paraguay y comenzó a operar asociándose con Miguel Ángel Insfrán, a través de otros hoy acusados, para la introducción de cocaína al país y su posterior remisión a Europa y África, de acuerdo con la tesis del Ministerio Público sostenida en el presente juicio por el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak.
La Fiscalía agrega que José Insfrán habría colaborado para introducir el dinero obtenido a través de la comercialización de sustancias por su hermano Miguel Ángel al sistema financiero legal. Sin embargo, su ayuda no se centró solo en esa actividad, sino también él se habría beneficiado con las ganancias adquiriendo bienes, entre ellos el inmueble de Curuguaty, donde levantó la sede de su Centro de Convenciones Avivamiento, un local de retiro y otro sitio más en Mariano Roque Alonso, al igual que vehículos de alta gama.
Agrega que el hermano de “Tío Rico” inició su actividad comercial en 1995, cuando se inscribió como contribuyente. En ese entonces indicó como actividad económica principal “depósito de materiales de construcción y ramos generales”.
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Esquema de lavado de dinero narco, según fiscalía
El 1 de enero de 2017, José Alberto Insfrán actualizó su actividad como “comercio al por menor de otros materiales de construcción, tales como ladrillos, madera, equipo sanitario”. En 2019 inscribió una actividad secundaria como “servicios personales no especificados”.
Al estar inscripto como contribuyente, esto le habilitó para emitir y recibir facturas, tanto por la compra como por la venta de bienes a modo de justificar sus ingresos y egresos. Esto dentro de los Impuestos al Valor Agregado (IVA), Renta Personal (IRP) y a la Renta Empresarial (IRE).
Así, la acusación fiscal detalla que, por el IVA, Insfrán declaró ingresos por G. 7.098.507.910 y egresos por G. 7.478.446.352; en tanto que por la IRP, el pastor declaró que, entre el 2019 y 2020, tuvo ingresos por G. 1.706.499.999 y egresos por G. 3.051.931.084, mientras que entre 2021 y 2022 no presentó declaraciones.
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Para la Fiscalía, todas las declaraciones constituyen una simulación tributaria entre el acusado y los demás integrantes de la organización criminal. Según la teoría fiscal, los investigados “se facturaban entre sí, ya sea como personas físicas o bien mediante la utilización de las empresas creadas por la familia Insfrán, con el objeto de insertar o poner en circulación el capital ilícito reunido por Miguel Ángel Insfrán Galeano, obtenido como producto del narcotráfico”.
La acusación sostiene que todo lo declarado por Insfrán Galeano como ingreso no supera el costo del bien adquirido en 2020, donde puso a funcionar su Centro de Convenciones Avivamiento, valorado en G. 7.751.490.400 y esto, sin contar los demás bienes, como el centro de retiro y el de Mariano Roque Alonso.