José Alberto Insfrán Galeano, conocido como el “Pastor Insfrán”, ha completó un formulario para solicitar medidas cautelares y lo presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según el documento, se denuncia presunta tortura y trato denigrante y miserable durante su reclusión en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada.
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La solicitud fue presentada y recepcionada el pasado domingo, según consta en el documento.
El Pastor Insfrán se encuentra privado de libertad desde 2023, procesado por su presunta participación en el esquema de narcotráfico y lavado de activos desmantelado con el megaoperativo “A Ultranza Py”. A pesar de no contar con una condena firme, su defensa sostiene que está siendo sometido a condiciones extremas que, a su juicio, violan sus derechos humanos.
“Destruyen la personalidad de Infrán”, sostiene abogado
Según el defensor Nelson López, en comunicación con ABC, Insfrán lleva más de un año encerrado 24 horas en una celda, sin ventilación adecuada y sin posibilidad de movilizarse.
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López expresó que estas condiciones están “destruyendo la personalidad” de Insfrán y pueden generarle consecuencias graves.
Entre las denuncias, se relata que Insfrán no tiene acceso a información del mundo exterior y las visitas son muy restringidas. Se reporta además que Insfrán no recibe una alimentación inadecuada, ya que es un paciente bariátrico.
Según el abogado, para que Insfrán sea trasladado, se le pone una bolsa negra en la cabeza y es esposado durante las videollamadas o audiencias.
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El representante legal mencionó que en el formulario se incluyó el informe preliminar del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que sostiene que las personas recluidas en la Penitenciaría de Emboscada sufren tortura psicológica y, en ocasiones, física, así como trato indignante.
Piden traslado de Insfrán a otra penitenciaría u otras medidas
A través de la denuncia ante la CIDH, la defensa solicita como primera medida el traslado a otro centro penitenciario o, en su defecto, otras medidas menos gravosas, como el arresto domiciliario.
La argumentación principal es que Insfrán es inocente hasta que un tribunal lo condene con sentencia firme y ejecutoria.
La Postura del Estado
A pesar de las denuncias de Insfrán, la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía de Bassani, ya había ratificado la prisión preventiva y su reclusión en Emboscada. La magistrada ha rechazado los pedidos de arresto domiciliario o cambio de penitenciaría.
La jueza había recordado que Insfrán estuvo prófugo de la justicia por casi dos años, incluso con orden de captura nacional e internacional, lo que, a su criterio, demuestra una “falta de voluntad de someterse al proceso penal”.