Este nuevo escenario en Venezuela liderado por la administración de Donald Trump mueve el tablero regional y tendrá especial impacto en los bolsillos de los consumidores del hemisferio, en especial en el rubro de combustibles.
Para Amílcar Ferreira, consultor en finanzas y estrategias, la intervención de capital norteamericano en la industria venezolana es una movida clave contra la inflación regional, en general y también a nivel local.
Ferreira sostiene que “la eventual entrada de Estados Unidos en la industria petrolera de Venezuela brindará mayor estabilidad a la producción y, por ende, mantendrá a los precios estables”. De esta manera, el mercado se volverá más predecible y estable, beneficiándose de un flujo constante de crudo, aunque los plazos -largos o medianos- están aún en la nebulosa.
Ferreira enfatiza que, bajo la premisa de “is the economy, stupid“, el gobierno republicano norteamericano apuesta a bajar el precio de los combustibles para aliviar la inflación interna, lo que indirectamente favorecerá a Paraguay con mejores precios en los surtidores.
Colateralmente, la reactivación económica venezolana abriría puertas para la exportación de alimentos lcoales a dicho mercado.
Petropar vs. PDVSA
Aunque el panorama se proyecta optimista, un aspecto que no hay que perder de vista es el escollo de la deuda que Petropar tiene con PDVSA.
Dicha deuda, que tuvo su origen en el Acuerdo Energético de Caracas de 2004 y compras de combustible en 2009, tiene en entredicho financiero y diplomático a ambos países. Pese a que Paraguay reconoce una deuda de capital de unos USD 300 millones, el conflicto real radica en las tasas de interés.
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Mientras Paraguay sostiene una tasa del 2%, Venezuela ha reclamado intereses moratorios que elevan la cifra por encima de los USD 400 millones. Actualmente, el arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional de París se encuentra suspendido debido a la crisis de legitimidad en Venezuela.
Según Ferreira, la “debilidad institucional” de la transición liderada por Rodríguez juega a favor de Paraguay, ya que un Gobierno no reconocido plenamente carece de fuerza para reclamar el pago inmediato.
Así, el reclamo de la deuda es un asunto que cobraría relevancia mucho más adelante atendiendo a que la estrategia de los Estados Unidos sobre Venezuela tiene tres fases.
De acuerdo al secretario de Estado Marco Rubio, la primera ya se ha cumplido con la extracción de Maduro y la estabilización del país con los referentes del chavismo para evitar el colapso económico y conflictos civiles.
La segunda fase, de recuperación gradual de la industria petrolera y finalmente la convocatoria a elecciones. Tras esos resultados, probablemente la deuda de PDVSA entre en agenda
Petróleo sucio
Y es la segunda fase la que representa un gran desafío para la reconfiguración del mosaico petrolero de la administración Trump ya que a pesar de poseer las mayores reservas del mundo, el crudo venezolano es catalogado como “extrapesado” y “sucio” con alto contenido de azufre y carbono, lo que eleva los costos del refinado en comparación con el crudo ligero.
Así, su revitalización enfrenta el obstáculo de una infraestructura “gravemente dañada” que requeriría una inversión de USD 10.000 millones anuales durante al menos una década para recuperarse, analizan expertos del norte.
Además, gigantes norteamericanos como Exxon Mobil y ConocoPhillips reclaman a Venezuela USD 20.000 millones y USD 12.000 millones, respectivamente, por expropiaciones pasadas.
En este sentido, entendidos en la materia citados por el periódico norteamericano The New York Times advierten que estas empresas serán reticentes a invertir hasta que se liquiden dichas deudas, lo que complicaría el plan de Trump de inundar el mercado con petróleo venezolano para bajar los precios mundiales.
Optimismo cauteloso
A modo de contexto, la caída de la industria venezolana ha sido drástica: de producir 3,5 millones de barriles diarios en los años 90, hoy apenas roza el millón, lo que representa poco más del 1% del petróleo mundial.
Esta cifra palidece frente al dominio de la industria de Medio Oriente, aunque Venezuela tiene la capacidad teórica de influir en la oferta global si logra estabilizar su producción.
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Paraguay debe observar este contexto con un optimismo cauteloso. La normalización de Venezuela promete una menor volatilidad en los precios finales para el consumidor paraguayo, pero la incertidumbre de la transición exige una diplomacia financiera astuta.
Nuestro país no solo debe prepararse para negociar su deuda con una PDVSA eventualmente legitimada, sino también para posicionarse como un proveedor estratégico de alimentos en una Venezuela que comenzará a recuperar su poder de consumo.
Es momento de entender que, en el tablero energético, la estabilidad de nuestro vecino caribeño no es solo una cuestión política, sino una pieza fundamental para la previsibilidad de nuestra propia economía doméstica.
Previsibilidad de precios
Para el experto Amilcar Ferreira, en líneas generales, el panorama es positivo. “Tendremos, indirectamente, beneficios con una mayor estabilidad del mercado de combustible.
Cuando aumenta la oferta de este commodity -que Venezuela claramente tendría por el volumen que puede producir- bajan los precios y al influir en la oferta mundial de petróleo, vamos a beneficiarnos de un flujo más estable de combustible y también de esos mejores precios en la región”. Esto dará mayor previsibilidad, lo cual es a todas luces, un panorama beneficioso para el Paraguay.
Como efecto colateral, estima Ferreira, parte de los ingresos crecientes de la industria petrolera beneficiará a la economía de Venezuela y con ello podría aumentar su nivel de consumo.
“Ahí se abre una oportunidad para Paraguay de, eventualmente, abastecer también ese mercado con productos con la oferta exportadora paraguaya de alimentos, por ejemplo… se abrirían oportunidades, así que ahí también hay un potencial de que Paraguay se beneficie”.
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Deuda de Petropar con PDVSA
El conflicto por la deuda de Petropar con PDVSA se dirime actualmente ante un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París, Francia.
El proceso arbitral se encuentra suspendido desde el año 2019 cuando el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez reconoció a Juan Guaidó, opositor, como presidente de Venezuela.
El arbitraje no se ha reactivado para evitar que cualquier decisión sea impugnada por falta de legitimidad de la parte que representa a Venezuela en el juicio.