La acusación contra el ex juez de Paz de La Recoleta Víctor Nilo Rodríguez en el caso mafia de los pagarés, por supuesto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, ratificada en la audiencia preliminar por los fiscales Belinda Bobadilla y Jorge Arce; fue admitida por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, quien elevó a juicio oral y público la presente causa penal.
El magistrado también admitió la acusación por presunta producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y elevó a juicio oral la causa contra Fernando Cáceres González, ujier del juzgado de Paz de La Recoleta.
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Estigarribia rechazó los incidentes presentados por las defensas, como el pedido de declaración de nulidad de los allanamientos y secuestro de documentaciones, tanto en el juzgado de Paz de La Recoleta como en el domicilio de la ujier Ingrid Prette; así como el sobreseimiento definitivo de los acusados y la exclusión de pruebas ofrecidas por el Ministerio Público.
Con esta resolución el exjuez Víctor Nilo Rodríguez se suma a Nathalia Guadalupe Soledad Garcete, ex jueza de Paz de La Catedral 2° Turno, cuyo juicio por el caso mafia de los pagarés está fijado para el próximo 18 de mayo; y Carmen Analía Cibils Miñarro, jueza de Paz (suspendida) de La Encarnación, cuya causa también fue elevada a juicio oral y público.
Mafia de los pagarés en juzgado de Paz de La Recoleta
La acusación presentada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero señala que entre los años 2022, 2023 y 2024, en el juzgado de Paz de La Recoleta, empresas de cobranzas, a través de sus representantes convencionales, promovieron demandas de acción preparatoria de juicio ejecutivo y juicios ejecutivos con títulos de crédito que servían de base para la ejecución, consistentes en pagarés sin indicación del beneficiario.
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El Ministerio Público agrega que en los procedimientos de preparación de acciones ejecutivas, en cumplimiento a las resoluciones judiciales dictadas en los diversos expedientes, los ujieres notificadores debían notificar a los deudores a los efectos de comparecer a reconocer las firmas estampadas en los pagarés; así también, los demandados debían ser intimados al pago por medio de los oficiales de justicia.
Más adelante, dentro del juicio ejecutivo propiamente, debían ser notificados a fin de que se presentaran a oponer excepciones; y luego debía disponerse el embargo ejecutivo de los bienes suficientes para cubrir el monto reclamado; sin embargo, estas notificaciones e intimaciones de pago, así como los mandamientos de embargo, no fueron efectuadas por los ujieres y oficiales de justicia conforme a las constancias acreditadas por ellos en los documentos,
Dicha situación era conocida y querida tanto por los abogados demandantes, actuarios y la jueza a cargo; realizándose cada uno de estos actos procesales con apariencia de estar ajustados a las formas legales, sin embargo, estas actuaciones no reflejaban la realidad de lo realizado, siempre según el relato de la fiscalía en la acusación.
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Juez de Paz violó la ley en 178 expedientes, afirma Fiscalía
Entre 2022 y 2024 el entonces juez de Paz Víctor Nilo Rodríguez, en 178 expedientes, dictó resoluciones judiciales violando el principio de igualdad (art. 15 literal f numeral 3 del código procesal civil) que debe regir sus actuaciones, dado que sabía y acordó que los expedientes y las actuaciones obrantes en los mismos, fuesen elaborados por los abogados demandantes, representantes de firmas de cobranzas, de acuerdo con la acusación fiscal.
El Ministerio Público resalta que además, la violación del derecho se dio al falsear los hechos, en lo concerniente a las notificaciones practicadas, vulnerando con ello la garantía procesal de defensa en juicio que tiene toda persona, consagrada en el Artículo 16 de la Constitución Nacional.
Puntualmente Víctor Nilo Rodríguez actuó con el conocimiento de que las notificaciones dirigidas a los demandados “no eran diligenciadas realmente por los ujieres, quienes se limitaban a informar falsamente sobre ello, además, dictó resoluciones vulnerando el derecho a la defensa en juicio de toda persona y violando las formas dispuestas para el caso particular”, destaca parte de la acusación.
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Al respecto la acusación fiscal señala que el entonces juez de Paz actuó con el conocimiento de que se apartaba de la ley, pero además, con la clara intención de favorecer a la parte actora en los juicios tramitados ante la misma, dado que el propósito era que éstas pudieran cobrar los montos de dineros reclamados, a través de los embargos ejecutivos, a deudores que por el motivo que fuera, no habían abonado sus deudas.