El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción N° 3, integrado por Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi, otorgó el plazo extraordinario de 6 meses más de tiempo a la fiscala Silvia González, a fin de que la misma pueda concluir la causa en la que indaga un supuesto pedido de coima de parte de la fiscala Gloria Mabel Rojas, encargada de investigar la muerte de María Fernanda Benítez (17).
En la causa que dirige la fiscala Silvia González Vester, están imputados el abogado Juan Carlos Bedoya, por presunto tráfico de influencias, y la fiscala de Coronel Oviedo Gloria Mabel Rojas, por cohecho pasivo agravado (coima). Inicialmente la Fiscalía debía presentar requerimiento conclusivo el 28 de abril, pero con la prórroga extraordinaria la fecha para esta diligencia pasó para el 27 de noviembre de 2026.
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La representante del Ministerio Público solicitó el plazo extraordinario, señalando que todavía se encuentra pendiente la extracción de datos de la CPU, así como de una Tablet, un dispositivo de almacenamiento tipo pendrive y un teléfono celular que había sido incautado en el procedimiento.
Los miembros del tribunal, en ese sentido, opinaron que “esta circunstancia no puede ser atribuida a una falta de interés por parte del Ministerio Público en la colección de los elementos de convicción. Además, el Tribunal hace notar que estamos ante una causa compleja, en atención a que los hechos punibles se corresponderían con hechos vinculados a la corrupción pública”.
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Fiscala está procesada en el JEM, desde diciembre
El 18 de diciembre, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), César Antonio Garay Zuccolillo, propuso el desafuero de la fiscala de Coronel Oviedo Gloria Mabel Rojas Cañete, así como su enjuiciamiento de oficio por la comisión de hecho punible y el pedido de suspensión a la máxima autoridad judicial. La misma habría pedido dinero en concepto de coima en la causa sobre la muerte de María Fernanda Benítez.
La propuesta de Garay Zuccolillo tuvo el acompañamiento de la entonces vicepresidenta 1ª Alicia Pucheta, el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia, el consejero Enrique Berni; así como de los senadores Mario Varela y el vicepresidente 2° Derlis Maidana.
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Por otra parte, el 30 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió sin goce de salario a la fiscala Gloria Mabel Rojas Cañete, luego de dar tratamiento al pedido del JEM.
En atención a que la comunicación del JEM no hacía mención al goce de salario, el ministro Manuel Ramírez Candia mocionó porque la medida administrativa sea sin el goce del salario a la agente del Ministerio Público, debido a la gravedad de los hechos por los que se la investiga. Esta propuesta tuvo el acompañamiento de los demás ministros.
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Fiscala del caso María Fernanda fue imputada por presunta coima
La fiscala Silvia González Vester imputó a su colega Gloria Mabel Rojas Cañete por supuestamente haber exigido el pago de una coima de G. 36 millones a Franco Antonio Acosta Céspedes, quien está procesado por el crimen de la joven de 17 años, María Fernanda Benítez, ocurrido en Coronel Oviedo, en mayo de 2025.
Según el relato fiscal, Franco Acosta denunció un supuesto pedido indebido de sumas de dinero por parte de un funcionario del Ministerio Público y contra el abogado Juan Carlos Bedoya Fleitas, quien habría actuado de intermediario. El propósito era beneficiarlo con una medida menos gravosa en la causa donde se encuentra involucrado.
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En seguimiento a la misma, el 26 de noviembre la fiscala Silvia González Vester imputó al abogado Bedoya Fleitas por el supuesto tráfico de influencias e inició las diligencias investigativas correspondientes hasta que surgieron “prima facie” elementos sospechosos sobre la participación de la fiscala Gloria Rojas.
Según los datos contenidos en la imputación, Rojas citó entre el 14 y el 21 de noviembre a Acosta Céspedes para supuestamente “negociar” un acuerdo para una salida procesal en beneficio del encausado. Finalmente se montó una entrega vigilada del pago de coima el 26 de noviembre, consistente en la suma de G. 30 millones, previamente fotocopiados.