Los fiscales Christian Ortiz, José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo y Juan Sandoval, solicitaron la prórroga ordinaria al juez penal de garantías N° 12 Juan Francisco Acevedo, esto en el marco de la causa penal contra la empresaria Dalia Angélica López Troche, quien está imputada por el uso de documentos públicos de contenido falso dentro del caso conocido como Ronaldinho.
La Fiscalía pidió solo 2 meses para llevar a cabo la investigación, plazo que fijó el juzgado penal de garantías tras su detención; ahora, los agentes piden que se les otorgue el plazo restante, consistente en casi 4 meses, para así completar los 6 meses de la etapa preparatoria. Esto teniendo en cuenta que, entre la imputación en 2021 y la declaración de rebeldía de Dalia López, también transcurrieron algunos días.
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En ese tenor, los fiscales refirieron en su escrito que “debido a la complejidad de los hechos investigados, obliga a requerir realización de diligencias el exterior del país, así también diligencias de rigor técnico”.
Los investigadores, de esta forma enumeraron como diligencias pendientes la respuesta a la Asistencia Jurídica solicitada al Brasil para localizar a Paula Regina Oliveira Moura Lira, en Salvador Brahia, para que dé testimonio; extracción de datos de los celulares incautados de Dalia López al ser detenida; y la declaración testimonial de Amanda Marina Rivarola Amarilla, gestora que solicitó los antecedentes de Interpol de Ronaldo y Roberto de Assis Moreira, de Wilmondes Sousa Lira, cuyo informe recién fue remitido por Interpol el 6 de diciembre de 2021, luego que la causa ya fue elevada a Juicio Oral y Público.
Dalia López con arresto y tobillera, pese a evadir a la justicia por 6 años
El pasado 13 de mayo, el juez penal de garantías N° 12 Francisco Acevedo resolvió atender el pedido de Dalia López Troche y resolvió otorgarle el arresto domiciliario con monitoreo a través del uso de la tobillera electrónica.
Durante la audiencia de revisión de medidas, la defensa de Dalia, a cargo de los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres y Álvaro Cáceres, había ofrecido una de fianza real sobre cuatro inmuebles -propiedad de terceras personas- por un total de US$ 1.672.276.
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Las propiedades ofrecidas son las siguientes:
- Finca N° 33.711 (625,30 m²) , ubicada en José Decoud esquina Ypané, de Lambaré, propiedad de Irene Brayan Monserrat Montania, valuado en US$ 242.616.
- Matrícula N° 515320, (260 m²) ubicada en Silvio Petirossi, entre Cirilo Grill y Felipe González de Luque, propiedad de Rocío Concepción Silva, valuado en US$ 279.660.
- Matriculas N° 4418-4417 (50 hectáreas) del distrito de General Elizardo Aquino, ubicado en el departamento de San Pedro, propiedad de Héctor Ramón Estanislao D’Ecclesis Ferreira, valuado en US$ 750.000.
- Finca N° 583 (1.000 m²), ubicada en General E. Aquino, San Pedro, propiedad de Teresita D’Ecclesis Ferreira, valuada en US$. 400.000.
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La novedad en este caso fue que se agregó el informe de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (Omdec), la cual informó que estában dadas las condiciones de realizar el monitoreo en la residencia ofrecida para cumplir la medida cautelar, ubicada en Guillermo Enciso Velloso N° 2.259 entre Nicanor Torales y Raúl Carmona, Recoleta, propiedad de José Félix Legal Yegros.
Desde la noche de ese 13 de mayo, Dalia López fue trasladada a su domicilio desde el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple), de Emboscada.