Durante la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), realizada esta mañana, se le puso freno a la contratación de servicios tercerizados de ambulancias. El debate surgió tras analizar la estructura de costos del llamado, cuyo presupuesto asciende a la suma de US$ 1.600.000.
Durante la sesión, el presidente del IPS, Isaías Fretes, cuestionó la lógica de destinar una cifra tan elevada al arrendamiento de unidades de traslado de pacientes, planteando la duda sobre si dicha inversión sería más rentable a largo plazo si el IPS optara por la adquisición directa de las unidades.
“Estamos hablando de más de US$ 1.6 millones en alquiler. ¿Por qué no nos da la posibilidad de comprar? Si esas ambulancias pasan a ser nuestras, la institución saldrá ganando enormemente”, señaló el presidente del Consejo durante el debate.
IPS aplica “ajuste de cinturones”
La preocupación no es menor, considerando que el IPS atraviesa un periodo de estrechez presupuestaria. Los consejeros coincidieron en la necesidad de realizar un análisis de costo-beneficio riguroso. Este estudio no solo deberá contemplar el precio de los móviles, sino también la optimización del personal médico y paramédico ya existente en la institución, que podría integrarse al servicio de ambulancias propias en lugar de pagar por un servicio tercerizado que incluya el paquete completo de recursos humanos y logísticos.
Ante la situación financiera actual, los miembros del Consejo fueron claros asegurando que la eficiencia debe primar sobre la tercerización automática.
El análisis encargado a las gerencias técnicas deberá responder a:
- Comparativa de costos: El ahorro proyectado al adquirir ambulancias propias frente al costo acumulado del alquiler durante los años de contrato.
- Capacidad operativa: La posibilidad de utilizar el personal propio del IPS para la operación de los móviles, lo que reduciría la dependencia de empresas privadas.
- Sostenibilidad del servicio: La viabilidad de implementar un modelo mixto o de leasing (propiedad a futuro) que garantice la disponibilidad de las unidades sin comprometer los recursos de otros programas, como la provisión de medicamentos.
Transparencia y el factor “emergencia”
El freno a este llamado se suma a otras decisiones tomadas en la misma jornada, donde el Consejo ha optado por devolver expedientes a comisiones evaluadoras que no han respondido satisfactoriamente a las observaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
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“¿Qué nos cuesta esperar el informe?”, “No cuesta nada esperar al martes”, repitió en reiteradas ocasiones el presidente del IPS, dejando claro que es mejor aguardar antes de tomar una decisión apresurada que pueda perjudicar al ente y a los asegurados.
Esta política de “esperar y revisar” busca, según los consejeros, evitar que la institución caiga en procesos licitatorios viciados que culminan en protestas, cancelaciones y un retraso final en la provisión de servicios esenciales para los asegurados.
El expediente de ambulancias, por tanto, queda sujeto a un nuevo escrutinio. Se espera que, para la próxima sesión, las áreas administrativas presenten un informe comparativo que permita al Consejo tomar una decisión informada, que garantice la calidad de la atención al asegurado sin sacrificar la salud financiera de la previsional.