El Ministerio Público ordenó la apertura de una causa penal contra la anterior administración del Instituto de Previsión Social (IPS). A través de la Resolución F.G.E. N.° 1817, el Fiscal General del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, dispuso la conformación de un equipo especial de investigación para indagar presuntos hechos de corrupción dentro de la previsional.
La medida judicial apunta de forma directa al Dr. Jorge Magno Brítez Acosta, quien se desempeñó como presidente del Consejo de Administración del IPS desde agosto de 2023 hasta abril de 2026, y a Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, exgerente de Abastecimiento y Logística de la institución durante el mismo periodo y hasta finales de febrero de este año. Ambos, junto a otros sospechosos, serán investigados por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y malversación de fondos públicos.
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La investigación se activa formalmente luego de que los abogados Juan José Bernis y María Muñoz presentaran una denuncia ante la mesa de entrada de la Fiscalía General el pasado 13 de mayo de 2026.
Tras un análisis técnico del Gabinete Fiscal y de la Unidad de Delitos Económicos, la máxima autoridad del Ministerio Público concluyó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso de recolección de pruebas.
Designó fiscales para investigar el caso
Debido a la alta complejidad técnica que representa auditar los fondos de abastecimiento y las licitaciones del IPS, el Fiscal General decidió conformar una unidad de trabajo.
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Los agentes designados para llevar adelante las imputaciones y diligencias en la capital son Silvio Corbeta Dinamarca, agente fiscal de la Unidad Penal N.° 8; Silvia González Véster, agente fiscal de la Unidad Penal N.° 3; bajo la supervisión directa y coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín, encargada de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero.
A partir de la fecha, los fiscales asignados deberán coordinar con la Oficina de Denuncias Penales para dar inicio a las primeras citaciones informativas, solicitudes de informes financieros a la previsional y eventuales allanamientos que aseguren el resguardo de documentos clave para la acusación.
