La agente fiscal de la Unidad Penal N.° 1 de Paraguarí, Irene Raquel Rolón Verdún, promovió una denuncia por supuestos hechos de violencia contra la mujer contra el abogado litigante Jorge Luis Campuzano.
La representante del Ministerio Público atribuye al profesional de Derecho, una serie de supuestas conductas de hostigamiento, intimidación y descalificación de la que fue víctima, durante una audiencia desarrollada en la sede del Ministerio Público.
La denuncia fue realizada ante el Juzgado de Paz de Paraguarí, donde la representante fiscal sostuvo además que los hechos ocurrieron el pasado 4 de junio, durante diligencias de declaración indagatoria en el marco de una causa por presunta invasión de inmueble ajeno.
Según la denuncia, Campuzano, en su carácter de defensor de los investigados, habría proferido expresiones en tono elevado y de manera reiterada contra la fiscal, cuestionando su actuación y conocimiento de la causa.
Rolón Verdún afirmó que las manifestaciones fueron realizadas frente a funcionarios y personas presentes en las audiencias, generando un ambiente de presión e intimidación.
La agente del Ministerio Público señaló además que el profesional del derecho habría advertido en varias ocasiones sobre la posibilidad de denunciarla ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, situación que consideró parte de un patrón de hostigamiento orientado a condicionar el ejercicio de sus funciones.
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La denunciante aclaró que promovió la acción por derecho propio y no en representación del Ministerio Público.
Asimismo, anunció que se inhibirá de intervenir en causas en las que el abogado denunciado actúe como representante legal de alguna de las partes.
Jueza dicta medidas urgentes
Tras analizar la presentación, la jueza de Paz Rosana Leticia Vouga de Villalba resolvió admitir la denuncia e iniciar el procedimiento especial de protección previsto en la Ley N.° 5777 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia.
Como medida urgente, la magistrada dispuso prohibir a Jorge Luis Campuzano proferir insultos, amenazas, hostigamiento, acoso, descalificaciones o cualquier otra conducta que pueda constituir violencia verbal, psicológica, física o emocional contra la fiscal denunciante.
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Igualmente, ordenó al denunciado abstenerse de acercarse físicamente a la agente fiscal y a su domicilio particular ubicado en la ciudad de Lambaré.
La resolución judicial también fijó audiencias para escuchar a ambas partes. La fiscal fue convocada para prestar declaración el 18 de este mes.
Investigación paralela
En su escrito, la fiscal sostuvo que los hechos denunciados encuadrarían en las figuras de violencia psicológica y violencia contra la dignidad previstas en la Ley N.° 5777. Además, solicitó que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para determinar si las conductas denunciadas podrían constituir algún hecho punible.
La causa se encuentra en etapa inicial y las medidas adoptadas tienen carácter preventivo, mientras se sustancia el procedimiento y se reciben las pruebas ofrecidas por ambas partes.
Fiscal tomó represalias tras denuncia ante el JEM
Sobre el caso, abogado Campuzano afirmó que la agente fiscal habría tomado represalias en su contra luego de que unas 30 personas ocupantes de un campo comunal de la compañía Zorrilla, distrito de General Bernardino Caballero, departamento de Paraguarí, la denunciaran ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño de funciones.
Según explicó el profesional, la denuncia fue promovida por los ocupantes del inmueble bajo su patrocinio jurídico, tras la decisión de la fiscal de solicitar el sobreseimiento definitivo de Carlos Alberto Bóbeda y Oscar Hugo Maldonado, quienes habían sido imputados por una presunta agresión a los ocupantes del predio.
Indicó que la medida fue presentada ante el juez de Ybycuí, Rodolfo Vera Rodríguez, y posteriormente apelada por las partes afectadas. Actualmente, el caso se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal de Apelación.
Con relación a la supuesta agresión verbal denunciada por la agente fiscal, Campuzano negó categóricamente los hechos. Señaló que durante una audiencia uno de los ocupantes del campo estaba explicando que el inmueble cuenta con un decreto-ley de más de 80 años, momento en que la fiscal intervino para consultar sobre el título de propiedad.
Dijo “hubo un debate sobre el tema, pero en ningún momento existió agresión verbal hacia su persona. Soy respetuoso de la ley, estoy formado en Derecho y un abogado litigante tiene la obligación de defender a sus representados”, manifestó.
Añadió que, a su criterio, la reacción de la fiscal no estuvo relacionada con la discusión sobre el título de propiedad, sino con el hecho de que ya tenía conocimiento de la denuncia presentada en su contra ante el JEM.
Finalmente, sostuvo que la situación generada hace inviable que continúe litigando causas en la unidad fiscal a cargo de la mencionada agente. “Obviamente, ningún caso ya podrá ser tramitado por mi parte en su unidad fiscal”, concluyó.