La situación de un recluso procesado por una causa de supuesto homicidio doloso fue alertada por sus familiares, quienes denunciaron públicamente que el interno estaría siendo víctima de presuntas torturas físicas y psicológicas dentro de la Penitenciaría Regional de Villarrica.
Según manifestaron, el hombre se encuentra recluido desde hace más de nueve meses sin que su situación judicial haya sido resuelta y actualmente mantiene una huelga de hambre como medida de protesta ante las reiteradas postergaciones de su audiencia preliminar.
El interno es oriundo del departamento de Alto Paraná y, de acuerdo con los datos proporcionados por sus allegados, fue trasladado a la cárcel de Villarrica debido a que ya no se reciben nuevos reclusos en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.
La denuncia fue realizada por uno de sus familiares, quien aseguró haber constatado personalmente el delicado estado de salud del procesado durante una reciente visita al establecimiento penitenciario. Según relató, este lleva aproximadamente 45 días sin ingerir alimentos y su estado físico se habría deteriorado considerablemente.
“Está piel y hueso”, afirmó al describir las condiciones en las que encontró a su hermano.
Los familiares indicaron que la medida de fuerza fue adoptada para exigir celeridad en la causa judicial, luego de que en dos ocasiones se suspendiera la audiencia preliminar prevista dentro del proceso penal que enfrenta.
De acuerdo con la denuncia, el interno habría manifestado que durante la huelga recibió presiones para abandonar la protesta y que incluso habría sido objeto de amenazas y supuestos actos de violencia por parte de otras personas dentro del recinto.
Uno de los puntos más preocupantes mencionados por la familia es una supuesta herida que el hombre presenta en la espalda. Según el denunciante, inicialmente le informaron que se trataba de un simple rasguño, pero al observar personalmente notó que tendría mayor profundidad y aparentes signos de infección.
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El familiar dijo además que el recluso le habría comentado que fue obligado en distintas ocasiones a trasladarse al área de sanidad y a firmar documentos contra su voluntad, afirmaciones que hasta el momento no fueron corroboradas por fuentes oficiales.
En busca de una versión institucional sobre las acusaciones, contactamos al director de la Penitenciaría Regional de Villarrica, Darío Cristaldo. Sin embargo, el funcionario indicó que no está autorizado para brindar declaraciones públicas relacionadas con la situación particular de los internos.
No obstante, fuentes no oficiales consultadas señalaron que el recluso efectivamente mantiene una huelga de hambre, aunque aseguraron que el mismo se habría negado a recibir atención médica por parte del personal de sanidad de la penitenciaría.
Según esas mismas fuentes, el interno condiciona cualquier tratamiento o asistencia médica a un eventual traslado al departamento de Alto Paraná, donde se tramita la causa penal en su contra.
Las informaciones recogidas también indican que las autoridades judiciales ya habrían fijado la realización del juicio oral y público para el próximo 26 de julio, lo que representaría un avance dentro del proceso que motivó la medida de fuerza.