El gobernador de Alto Paraná, César Torres, confirmó que tras el traslado de 109 mujeres privadas de libertad desde el complejo penitenciario femenino “Juana María de Lara” de Ciudad del Este hasta el penal de Emboscada, se espera se concrete el traslado de internos varones, para el cierre definitivo de ambos centros penitenciarios.
“El predio sigue siendo de la Gobernación del Alto Paraná. Una vez que eso se desocupe, vamos a evaluar cómo reutilizar ese espacio de la mejor manera posible”, manifestó el jefe departamental.
Torres explicó que uno de los proyectos más avanzados contempla la instalación de una nueva sede de la Dirección de Policía Nacional en el terreno actualmente ocupado por la Penitenciaría Regional. Considera que el predio es estratégico debido a su ubicación sobre una avenida Rogelio Benítez y porque permitiría un acceso independiente para la institución policial.
“El Ministerio del Interior ya cuenta con planos y el proyecto en sí. Incluso tengo entendido que existen fondos previstos”, mencionó el gobernador.
En ese sentido, dijo qué próximamente será habilitada la unidad operativa del Grupo Lince en Alto Paraná, infraestructura que podrá albergar a más de 100 efectivos policiales.
Reclamo vecinal de larga data
El eventual cierre de la penitenciaría regional representará una respuesta a los insistentes reclamos de los pobladores del barrio Boquerón, quienes desde hace años exigen el traslado del penal debido a los problemas de inseguridad y contaminación que genera en la zona.
Los vecinos sostienen que el centro penitenciario se encuentra en plena zona residencial, rodeado de instituciones educativas y comercios, situación que consideran un peligro para los vecinos.
Asimismo, denuncian constantes problemas con el sistema de desagüe cloacal del penal, cuyas aguas servidas frecuentemente se desbordan y terminan escurriéndose por las calles hasta desembocar en el Lago de la República.