La jueza Penal de Garantías del Segundo Turno de Villarrica, Marcela Duarte Mallorquín, ordenó la prisión preventiva del suboficial primero de la Policía Nacional Néstor Yván Ramírez Marín, quien permanecerá recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, en Asunción, mientras avanzan las investigaciones en su contra.
La resolución fue dictada en el marco de la causa Nº 403/2026, en la que el uniformado se encuentra imputado por un supuesto hecho de robo agravado ocurrido en el distrito de Paso Yobái, departamento de Guairá.
La jueza consideró que existe un elevado riesgo de fuga y de obstrucción a la investigación.
Ramírez Marín se había entregado voluntariamente el pasado 23 de junio en la Comisaría 14ª de Melgarejo, en Independencia, acompañado de su abogada defensora, luego de permanecer varias semanas prófugo de la Justicia.
El agente policial prestaba servicios en la Comisaría 11ª de Juan E. O’Leary, Alto Paraná, y era buscado por su presunta participación en el violento asalto perpetrado el pasado 26 de mayo contra la empresa minera Master Gold, ubicada en la compañía San Antonio de Paso Yobái.
Según los antecedentes de la investigación, un grupo armado redujo al guardia de seguridad mediante un golpe en la cabeza con la culata de un arma de fuego, maniató a otros trabajadores y se apoderó de una escopeta, pertenencias de las víctimas y un importante cargamento de carbonilla utilizada para la extracción de oro.
De acuerdo con la imputación fiscal, los delincuentes huyeron del lugar a bordo de una furgoneta transportando 36 bolsas de carbonilla destinadas al proceso de lixiviación.
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Durante las pesquisas posteriores, la Policía logró recuperar tanto el vehículo presuntamente utilizado en el golpe como la totalidad de la carga robada. Asimismo, fue plenamente identificado antes de darse a la fuga.
Otro de los principales indicios contra el suboficial surgió luego de que investigadores lo vincularan con el furgón utilizado durante el atraco. El vehículo había sido robado previamente en Juan E. O’Leary, ciudad donde el uniformado prestaba servicios.
La magistrada rechazó todas las medidas alternativas solicitadas por la defensa, que había ofrecido cauciones personales, una fianza real sobre un inmueble, dinero en efectivo e incluso la utilización de una tobillera electrónica. Sin embargo, el juzgado concluyó que ninguna de esas medidas resultaba suficiente para neutralizar los riesgos procesales existentes.
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¿Qué alegó la jueza?
Entre los principales argumentos expuestos en la resolución figura la elevada expectativa de pena prevista para el delito de robo agravado, que contempla condenas de entre cinco y quince años de prisión. La jueza sostuvo que la gravedad de los hechos investigados constituye un elemento objetivo que incrementa significativamente el peligro de fuga.
Asimismo, consideró que existe un riesgo concreto de obstrucción de la investigación debido a la condición de funcionario policial activo del imputado.
La resolución destaca que todavía quedan diligencias pendientes para identificar y capturar a otros presuntos integrantes de la estructura criminal, por lo que la libertad del procesado podría afectar el avance de las pesquisas. Otro de los aspectos valorados por el juzgado fue la magnitud del perjuicio económico ocasionado a la empresa afectada, así como el impacto social generado por el violento atraco.
Megaasalto en Alto Paraná
Paralelamente, Ramírez Marín también es investigado como presunto integrante de la organización criminal que ejecutó el megaataque contra los bancos GNB, Familiar y ueno bank, además de la casa de cambios Santa Rita Cambios, ocurrido el pasado 16 de junio en Alto Paraná.
De acuerdo con las investigaciones policiales, aquel golpe fue ejecutado por un grupo comando integrado por al menos veinte delincuentes fuertemente armados, quienes utilizaron explosivos, tomaron rehenes y lograron apoderarse de aproximadamente G. 3.000 millones y US$ 100.000.
Tras la resolución judicial, el suboficial fue trasladado desde Villarrica hasta la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, en Asunción, donde permanecerá recluido a disposición del Juzgado y del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones sobre ambos casos.