Según quedó asentado en el acta N° 054/2024 del Consejo de Administración de IPS, el exdirector jurídico del IPS José “José’i” González Maldonado admitió que operó bajo el aval directo del Presidente de la República, Santiago Peña para sellar el acuerdo extrajudicial con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira.
En el mismo acta quedó la constancia de cómo el exdirector jurídico presionó para que se acepten los G. 7.500.000.000, de los cuales un 5% más se destinaría al pago exclusivo de honorarios profesionales. Así, finalmente el monto quedó en G. 7.912.500.000, siendo G. 412.500.000 (incluido el IVA) el monto cobrado por José’i.
Hoy el fiscal que investiga al exdirector jurídico por supuesta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito, Christian Benítez, envió una nota dirigida al presidente de la República, Santiago Peña, en la que le solicita información sobre si es que efectivamente conocía y avaló el acuerdo extrajudicial.
“Christian M. Benítez Cáceres, agente fiscal asignado a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción N.º 6 y a la Unidad Especializada N.º 3 de Lavado de Dinero, en el marco de la causa N.º 20/2026, caratulada: ‘José Antonio González Maldonado s/ Lesión de Confianza y Enriquecimiento Ilícito’, se dirige respetuosamente a Vuestra Excelencia a fin de que tenga a bien informar a esta representación cuanto sigue: Si vuestra presidencia tuvo conocimiento y ha prestado su anuencia para el acuerdo extrajudicial celebrado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y la firma Consorcio Hotelero Sudamericano SA en el marco del juicio caratulado: ‘Instituto de Previsión Social c/ Consorcio Hotelera Sudamericano S.A. S/ Ejecución de Resolución judicial’“, indica la misiva dirigida al mandatario.
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Investigación al exdirector jurídico de IPS
José’i González es investigado por supuesta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito a raíz del cobro millonario botín de G. 412 millones en concepto de honorarios por el acuerdo extrajudicial, siendo incluso en ese momento director jurídico de IPS.
En un intento por blanquear el ingreso, el abogado consignó dicha cifra en una declaración jurada presentada en 2025; sin embargo, tras destaparse el escándalo, se descubrió que en el litigio intervinieron múltiples profesionales del derecho y que el entonces director jurídico realizó una distribución discrecional y arbitraria del dinero, omitiendo deliberadamente detallar este reparto ante la Contraloría General de la República (CGR).
Acorralado por estos movimientos financieros bajo sospecha, sumados a un explosivo e injustificado crecimiento patrimonial que saltó a la vista pública, González Maldonado se vio obligado a presentar su renuncia al cargo en IPS.
El caso escaló de inmediato al Ministerio Público, que ordenó la apertura de una investigación penal en su contra para determinar el alcance de una presunta red de corrupción y tráfico de influencias que ahora ya salpica directamente a la Presidencia de la República.