“Es necesario incluir en la resolución la cuestión de las costas judiciales y los honorarios de ambas partes, detallando el procedimiento para su pago”, sugirió de manera expresa el entonces consejero del Instituto de Previsión Social (IPS), Víctor Insfrán, en la sesión del 30 de julio de 2024. Fue el momento exacto en el que se trató de forma secreta y con las cámaras apagadas la firma del acuerdo extrajudicial con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira.
En dicha reunión se aprobó la propuesta de la citada empresa de pagar G. 7.500 millones, de una deuda total de G. 10.781 millones que correspondía a compromisos acumulados hasta noviembre de 2018. A este monto se le sumó el 5% de honorarios profesionales para los abogados, pero la advertencia del exrepresentante de los trabajadores fue olímpicamente ninguneada. Incluso, la propuesta de Insfrán agregaba la expresa sugerencia de encomendar a la Gerencia Administrativa Financiera la correcta coordinación de estos desembolsos.
“Agente de cobranzas”
Pese a la exigencia de uno de los integrantes de la máxima autoridad de la previsional –según lo establece su propia Carta Orgánica–, en la resolución final se obviaron los detalles técnicos. Como consecuencia, González Maldonado apareció como el exclusivo beneficiado con los honorarios profesionales, llegando a cobrar la suma de G. 412.500.000.
Lo más grave es que este cobro se ejecutó a través de una llamativa triangulación fundamentada únicamente en una nota interna firmada por la funcionaria María Graciela Cabral, a cargo del propio González Maldonado, en la cual solicitaba textualmente el depósito de dicha cifra en la cuenta personal del entonces director jurídico o en efectivo. Es decir, la Gerencia Administrativa Financiera tampoco tomó los recaudos correspondientes tal como había exigido el consejero Víctor Insfrán.
La gerente financiera Gladys Vera, quien permanece en el cargo, se limitó a cumplir la orden y transfirió desde las cuentas del IPS los G. 412.500.000 a la cuenta particular de González Maldonado. Esta maniobra se completó inmediatamente después de que el Consorcio Hotelero Sudamericano SA remitiera a las cuentas oficiales de la previsional tanto los G. 7.500 millones del acuerdo como los G. 412.500.000 de los honorarios. Lejos de aceptar solo el pago que legítimamente le correspondía, el IPS aceptó actuar de “agente de cobranza” privado para los honorarios de su exdirector.
Mentiras a la CGR
La triangulación del IPS benefició en forma exclusiva a José González Maldonado, quien incluso declaró ante la Contraloría General de la República (CGR) que esos G. 412.500.000 constituyeron un ingreso exclusivo suyo. Sin embargo, mintió porque, con posterioridad, el exdirector jurídico realizó pagos discrecionales y de manera totalmente arbitraria a los demás profesionales –aunque se desconoce cuánto ni quiénes recibieron dinero– que habían participado en el reclamo judicial contra el Consorcio Hotelero.
El IPS hasta ahora sigue sin poder explicar por qué avaló y ejecutó esta cuestionada maniobra financiera. No obstante, al analizar las propias expresiones de José “José’i” González ante el Consejo de Administración, el entramado cobra un sentido estrictamente político.
González Maldonado delató en su momento que el acuerdo, que incluyó una quita millonaria en perjuicio de los fondos de la previsional, contaba con el aval del propio presidente de la República, Santiago Peña. Incluso, reveló que para blindar el pacto “política y jurídicamente”, los dictámenes legales correspondientes fueron enviados de forma directa al asesor económico presidencial, Juan José Galeano.
En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lesión de confianza a González Maldonado, la Fiscalía ya intimó formalmente a las autoridades del IPS para que remitan una copia autenticada del Acta N° 054/2024, correspondiente a aquella sesión secreta del 30 de julio de 2024.