14 de mayo de 2026

La Fiscalía solicitó formalmente a la Contraloría que detalle el estado actual del examen de correspondencia realizado a José’i González, exdirector jurídico del IPS. La diligencia se da en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito que pesa sobre el exfuncionario.

El IPS, bajo la gestión de Jorge Brítez, admitió ayer la grave triangulación que hizo al transferir G. 412.500.000 a su exdirector jurídico José “José’i” González bajo el concepto de “honorarios profesionales”. Si bien justificó el desembolso como una supuesta “restitución de dinero privado”, omitió contar que la resolución del Consejo no establecía como un ingreso “exclusivo” del renunciante alto funcionario, sino de todos los abogados litigantes.

El Instituto de Previsión Social (IPS), tras revelarse una orden de pago “en efectivo” para su exdirector jurídico José “José’i” González, publicó un comunicado. Según el IPS, el millonario monto corresponde a honorarios privados que la empresa deudora depositó por error en la cuenta de la institución.

El senador opositor Rafael Filizzola (PDP) dijo que el Ministerio Público no solo debería investigar al exasesor jurídico del IPS José González Maldonado, sino también al presidente del ente previsional, Jorge Brítez, y a otros directivos.
Desde la Asociación de Asegurados del IPS expresan su hartazgo ante los presuntos manejos irregulares en la previsional, en medio de las graves carencias que enfrentan quienes mes a mes sufren descuentos en sus salarios pero no acceden a los beneficios de su seguro. En ese sentido, piden la investigación de todos los funcionarios señalados y la destitución del presidente de la institución por el “total descontrol administrativo”.

Una nota interna revela la “orden” de la Dirección Jurídica a Tesorería del IPS para entregar en “efectivo” o depositar en la cuenta del exdirector jurídico José “José’i” González, los G. 412.500.000 que habían sido transferidos por el Consorcio Hotelero Sudamericano SA en el marco de un “acuerdo extrajudicial”. El pedido firmado por la funcionaria Graciela Cabral decía que ese monto era por los “honorarios profesionales” establecidos por el Consejo de Administración. Se tramitó el mismo día en que el dinero ingresó a las arcas de la institución.