27 de septiembre de 2026

La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó el procedimiento mediante el cual el exasesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS) José González Maldonado cobró G. 412.500.000 en concepto de honorarios profesionales tras un rápido acuerdo extrajudicial.

El fiscal Christian Benítez emplazó por tres días a la previsional para que entregue la copia autenticada de la sesión en la que el exdirector jurídico José “José’i” González delató que el presidente de la República, Santiago Peña, digitó una quita exprés de G. 3.281 millones a favor de una empresa. La previsional reclamaba originalmente, a inicios de 2024, G. 10.781 millones para luego acordar, en julio de ese mismo año, cobrar apenas G. 7.500 millones.

“Estamos tocando fondo como país” dijo la diputada Rocío Vallejo (PPQ) ante el hecho de que esté asentado en acta que el presidente de la República, Santiago Peña estaría involucrado en una quita irregular de deuda, por presuntos motivos políticos y contra del patrimonio del Instituto de Previsión Social (IPS). Remarcó que Peña sigue siendo cómplice del clan González Maldonado al permitir que mantengan incluso dominio sobre la Procuraduría General de la República.

El exdirector jurídico del IPS José “José’i” González Maldonado admitió ante el Consejo de Administración que operó bajo el aval directo del presidente Santiago Peña para sellar el acuerdo extrajudicial con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira. El documento oficial revela que un asesor clave de la Presidencia fue el encargado de revisar los dictámenes con el único fin de blindar la maniobra “política y jurídicamente”.

Atendiendo a la existencia de un presunto esquema de recaudación mediante “acuerdos extrajudiciales” a costa del Estado detectado en el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Procuraduría, la diputada Johanna Ortega (PPS) adelantó que revisarán la legislación para cortar con esto. Señala que permitir que abogados del Estado cobre parte de “honorario profesionales” constituye un conflicto de interés y alentaría el esquema.

Así como el cartismo dinamitó la institucionalidad al poner al presunto abogado “mau” y exsenador cartista Hernán Rivas al frente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ahora lo repiten en la Procuraduría con la designación “ilegal e inconstitucional” de Rubén Elidio Gaona, como interino y de la mano del exprocurador Marco Aurelio González, alertó la diputada Rocío Vallejo (PPQ).