La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conformada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Víctor Ríos Ojeda, confirmó días atrás a los camaristas Camilo Torres y Paublino Escobar para resolver la apelación contra la admisión de la imputación a Arnoldo Wiens y el sobreseimiento definitivo a Ramón Jiménez Gaona, en el caso Metrobús.
Sobre esa actuación, la defensa de Wiens, ejercida por la abogada y exministra de Justicia Cecilia Pérez Rivas, presentó un escrito dirigido a la Sala Penal de la máxima autoridad judicial, solicitando la abstención del ministro Benítez Riera de intervenir en el juicio de la causa conocida como metrobús.
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El pedido se da en atención a que el ministro Luis María Benítez Riera, junto con los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Joaquín Martínez Simón, César Diesel, y César Antonio Garay Zuccolillo, participaron de una reunión secreta con el presidente de la República, Santiago Peña Palacios, y de la que también habría participado el titular de la ANR, Horacio Manuel Cartes Jara.
Es así que la defensa de Arnoldo Wiens, peticiona al ministro Benítez Riera a que “se abstenga de intervenir en el conocimiento y resolución de cualquier cuestión sometida a consideración de esta máxima instancia, en el marco de la presente causa penal seguida a Arnoldo Wiens”.
Pérez sostiene que el haber participado de dicha reunión “compromete la apariencia de independencia e imparcialidad que debe regir la actuación de todo órgano jurisdiccional y, con mayor razón, la de un integrante de la Corte Suprema de Justicia”.
Defensa de Arnoldo Wiens señala gravedad del caso
De acuerdo con lo expuesto en el escrito presentado, el antecedente central del pedido es “la sucesión de acontecimientos de público conocimiento que han sido objeto de numerosas publicaciones periodísticas, de declaraciones de integrantes de la propia Corte Suprema de Justicia, de manifestaciones del presidente de la República y, finalmente, de la apertura de un proceso de responsabilidad ética”.
Lo acontecido, a consideración de la abogada Pérez, tuvo una trascendencia relevante pues “uno de los propios ministros de la Corte Suprema de Justicia que no participó del encuentro, Víctor Ríos Ojeda, expresó públicamente que, de confirmarse que la reunión había ocurrido en las condiciones difundidas por la prensa, se estaría ante una grave afectación a la independencia judicial”.
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Como consecuencia de esa reunión, confirmada por los propios ministros en cuanto a que sí se hizo, “el Tribunal de Ética Judicial resolvió iniciar de oficio un proceso de responsabilidad ética respecto de los seis ministros de la Corte, entre ellos Luis María Benítez Riera”.
Añadió en otro párrafo que fue la “la falta de un apartamiento espontáneo obliga a esta defensa a formular el presente planteamiento” ante la máxima autoridad judicial.
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Todo ello teniendo en cuenta que, Arnoldo Wiens “no es un sujeto políticamente ajeno a los participantes de aquella reunión ni una persona que haya formulado cuestionamientos con posterioridad y exclusivamente como reacción defensiva a su procesamiento”.
Y por último, que Wiens “es un precandidato presidencial perteneciente a un sector interno enfrentado al oficialismo partidario y, tras su imputación en el presente caso denominado Metrobús, sostuvo públicamente que su imputación se encontraba vinculada a aquella reunión política-institucional”.
Recusación contra camaristas tenía “ausencia de fundamentación”
El abogado Federico Huttemann, defensor de Arnoldo Wiens, había recusado a los camaristas Paublino Escobar Garay y Mario Camilo Torres Leguizamón, señalando que se habían atribuido facultades que solamente competen a la máxima autoridad judicial.
Al momento de contestar el planteamiento, el camarista Paublino Escobar señaló: “La recusación invoca el inciso 13 del artículo 50 del Código Procesal Penal, bajo la fórmula de “cualquier otra causa grave que afecte la imparcialidad o independencia. No basta, por ende, la mera discrepancia con las decisiones jurisdiccionales. La interpretación del recusante lo lleva a concluir erróneamente que existen motivos.
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Por su parte, Camilo Torres refirió: “Esta recusación no constituye más que una manifestación de disconformidad frente a las resoluciones jurisdiccionales adversas a la parte”.
En tanto que la Sala Penal de la Corte, en forma unánime, expresó: “Existe una ausencia de fundamentación con relación a la misma, la cual, justamente, por ser una causal abierta, requiere de una aún mayor precisión argumentativa para lograr la pretensión de separar a un magistrado en base a ella”.
Imputación a Arnoldo Wiens por caso metrobús
Según el acta de imputación N° 01/26, el Ministerio Público sostiene que Arnoldo Wiens, al asumir en agosto de 2018 como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús adjudicadas bajo el Contrato S.G. N° 100/2016 a la firma portuguesa Mota-Engil.
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Sin embargo, se registraron dos cuestiones que derivaron en la investigación penal a Wiens:
- Suspensión y modificación del contrato
El 23 de octubre de 2018, Wiens habría firmado un “Acta de Entendimiento” con la contratista para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3 del metrobús. Para la Fiscalía, dicha decisión no solo paralizó la obra, sino que introdujo tareas ajenas al objeto contractual original, lo que habría marcado el inicio del deterioro y la posterior destrucción de lo ya ejecutado.
- Demolición de estaciones
El 1 de abril de 2020, siempre según la imputación, el entonces ministro ordenó la destrucción parcial de estaciones ya construidas sobre la avenida Mariscal Estigarribia. La demolición culminó en mayo de ese año y supuso la eliminación de infraestructura por la cual el Estado ya había desembolsado millonarias sumas.
El documento fiscal sostiene que, antes de la intervención de Wiens, el proyecto registraba un avance físico cercano al 40%. En ese contexto, se habían construido seis estaciones —numeradas del 19 al 24— por las cuales el Estado pagó G. 6.924.624.006.
La Fiscalía también menciona una presunta contradicción en las declaraciones públicas del exministro, que días antes de firmar la suspensión habría afirmado que no existían causales justificadas para el abandono del proyecto por parte de la contratista y que los pagos se encontraban al día.