Caso metrobús: Corte tiene en sus manos recusación a camaristas

Arnoldo Wiens Durksen, ex ministro de Obras Públicas, imputado en el caso metrobús.
Arnoldo Wiens Durksen, ex ministro de Obras Públicas, imputado en el caso metrobús. FERNANDO ROMERO

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con dos ministros que participaron de la reunión secreta en Mburuvicha Róga, debe resolver la recusación a dos camaristas planteada por la defensa del extitular del MOPC, Arnoldo Wiens Durksen, imputado por supuesta lesión de confianza en el caso metrobús.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y María Carolina Llanes Ocampos, ya recibió y tiene en su poder la recusación contra dos camaristas planteada por la defensa de Arnoldo Wiens Durksen, exministro de Obras Públicas y Comunicación (MOPC) imputado en el caso metrobús.

Por esta causa el abogado Federico Hutteman, quien ejerce la defensa de Arnoldo Wiens, había recusado a los camaristas Paublino Escobar Garay y Mario Camilo Torres Leguizamón, señalando que se habían atribuido facultades que solamente competen a la máxima autoridad judicial.

Escobar y Torres son integrantes, junto con José Waldir Servín, del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, el cual tenía a su cargo analizar y resolver la apelación subsidiaria derivada de la reposición formulada contra la admisión de la imputación y que fue rechazada por el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú.

Ahora son los ministros de la Corte Ramírez Candia, Benítez Riera y Llanes Ocampos quienes deben resolver si será la misma Cámara de Apelaciones la que estudiará el recurso o la causa será derivada a otra.

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El fallido metrobús sigue causando perjuicios al Estado paraguayo.
El fallido metrobús causó cuantiosos perjuicios al Estado paraguayo.

Sin embargo, no se descarta que tanto Luis María Benítez Riera como María Carolina Llanes Ocampos lleguen a ser recusados por la defensa de Wiens, bajo el argumento de que ellos y otros cuatro ministros de la Corte, como Eugenio Jieménez, César Diesel, Alberto Martínez y César Garay, habían participado de una reunión secreta en Mburuvicha Róga, con el presidente Santiago Peña y en la que también habría participado el titular de la ANR, Horacio Cartes.

Imputación a Arnoldo Wiens por caso metrobús

Según el acta de imputación N° 01/26, el Ministerio Público sostiene que Arnoldo Wiens, al asumir en agosto de 2018 como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús adjudicadas bajo el Contrato S.G. N° 100/2016 a la firma portuguesa Mota-Engil.

Sin embargo, se registraron dos cuestiones que derivaron en la investigación penal a Wiens:

  • Suspensión y modificación del contrato

El 23 de octubre de 2018, Wiens habría firmado un “Acta de Entendimiento” con la contratista para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3 del metrobús. Para la Fiscalía, dicha decisión no solo paralizó la obra, sino que introdujo tareas ajenas al objeto contractual original, lo que habría marcado el inicio del deterioro y la posterior destrucción de lo ya ejecutado.

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  • Demolición de estaciones

El 1 de abril de 2020, siempre según la imputación, el entonces ministro ordenó la destrucción parcial de estaciones ya construidas sobre la avenida Mariscal Estigarribia. La demolición culminó en mayo de ese año y supuso la eliminación de infraestructura por la cual el Estado ya había desembolsado millonarias sumas.

El documento fiscal sostiene que, antes de la intervención de Wiens, el proyecto registraba un avance físico cercano al 40%. En ese contexto, se habían construido seis estaciones —numeradas del 19 al 24— por las cuales el Estado pagó G. 6.924.624.006.

La Fiscalía también menciona una presunta contradicción en las declaraciones públicas del exministro, que días antes de firmar la suspensión habría afirmado que no existían causales justificadas para el abandono del proyecto por parte de la contratista y que los pagos se encontraban al día.