Por medio de su abogado defensor Federico Hutteman, el extitular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, había recusado a los camaristas Paublino Escobar y Camilo Torres, miembros del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, por supuestamente arrogarse facultades de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el marco del caso Metrobús.
Cabe señalar que este mismo tribunal de alzada, es el que debía estudiar y resolver en cuanto a la apelación subsidiaria derivada del rechazo por parte del juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, contra la admisión del escrito de imputación contra el ex secretario de Estado Wiens.
Lea más: Caso metrobús: se concreta sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona
Dentro del proceso, la Cámara de Apelaciones integrada por Paublino Escobar, Camilo Torres y José Waldir Servín, habían declarado inadmisible a través de su Auto Interlocutorio (AI) N° 58 del 5 de mayo de 2026, un recurso de apelación general que interpuso la defensa de Wiens, en contra de una resolución del mismo tribunal.
El AI N° 58 tuvo los votos en mayoría para el rechazo de los camaristas Paublino Escobar y Camilo Torres, y en disidencia de Servín. Este hecho llevó a la defensa de Arnoldo Wiens a recusar a los dos magistrados que declararon inadmisible su recurso e imposibilitaron que el mismo sea analizado en la Sala Penal de la Corte.
Cuestionamientos de Wiens contra camaristas del caso metrobús
En el escrito presentado por la defensa de Arnoldo Wiens, señalan que este incidente “no se sustenta en una mera disconformidad con el contenido de resoluciones judiciales y mucho menos pretende convertir el mecanismo de separación de magistrados en una vía de revisión de criterios jurisdiccionales”.
Lo que la defensa refiere es que el actuar de los camaristas Escobar y Torres, “revela una situación incompatible con las exigencias constitucionales de imparcialidad establecidas en el artículo 16 de la Constitución Nacional y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
En tal sentido, menciona el abogado incidentista Federico Hutteman que la gravedad de la situación radica en que los magistrados “se atribuyeron facultades que esta defensa sostiene corresponden exclusivamente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia” pues a su consideración, “resolvieron sobre la inadmisibilidad de un recurso de apelación general interpuesto por esta defensa contra una resolución originaria del propio órgano jurisdiccional”.
Según señala el abogado defensor el examen del planteamiento incidental hecho por la defensa de Wiens, “constituía la cuestión controvertida y que, conforme a la tesis sostenida por esta parte con base en el ordenamiento procesal penal, debía ser analizada por la instancia superior, pues se vinculaba al rechazo de una recusación formulada en contra del Juez Penal de Garantías”.
Lea más: “La Fiscalía nunca investigó seriamente el caso metrobús”, lamenta denunciante
Y en este contexto cuestionan que “que los magistrados recusados no se limitaron a adoptar una decisión jurisdiccional dentro del proceso, sino que asumieron una posición expresa respecto de sus propias atribuciones y respecto de las facultades de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.
Por esta razón es que piden, que tanto Escobar como Torres sean apartados y vetados para intervenir en cualquier otro momento en la causa penal del Metrobús.
Corte deber destrabar caso Metrobús
Ante esta situación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia primeramente deberá resolver la cuestión de la recusación contra los camaristas Paublino Escobar y Camilo Torres. Específicamente si el expediente continuará con la misma cámara o será asignada otra para intervenir en la causa.
Una vez definido aquello, se deberá analizar la apelación subsidiaria derivada del rechazo del juez Humberto Otazú, de la reposición interpuesta contra la admisión de la imputación contra Arnoldo Wiens, a quien se le atribuye principalmente el hecho de lesión de confianza por el uso de los fondos del proyecto Metrobús para otros fines.
Lea más: La Justicia da garrote político a quienes piensan distinto al Gobierno, dice Wiens
Recién cuando todo se resuelva el camino quedará allanado para que prosiga el proceso judicial, teniendo en cuenta que tras varios meses después de que se haya imputado a Arnoldo Wiens, hasta hoy no se pudo sustanciar la audiencia de revisión de medidas.
Imputación a Arnoldo Wiens
Según el acta de imputación N° 01/26, el Ministerio Público sostiene que Arnoldo Wiens, al asumir en agosto de 2018 como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús adjudicadas bajo el Contrato S.G. N° 100/2016 a la firma portuguesa Mota-Engil.
Sin embargo, se registraron dos cuestiones que derivaron en la investigación penal a Wiens:
- Suspensión y modificación del contrato
El 23 de octubre de 2018, Wiens habría firmado un “Acta de Entendimiento” con la contratista para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3 del metrobús. Para la Fiscalía, dicha decisión no solo paralizó la obra, sino que introdujo tareas ajenas al objeto contractual original, lo que habría marcado el inicio del deterioro y la posterior destrucción de lo ya ejecutado.
- Demolición de estaciones
El 1 de abril de 2020, siempre según la imputación, el entonces ministro ordenó la destrucción parcial de estaciones ya construidas sobre la avenida Mariscal Estigarribia. La demolición culminó en mayo de ese año y supuso la eliminación de infraestructura por la cual el Estado ya había desembolsado millonarias sumas.
El documento fiscal sostiene que, antes de la intervención de Wiens, el proyecto registraba un avance físico cercano al 40%. En ese contexto, se habían construido seis estaciones —numeradas del 19 al 24— por las cuales el Estado pagó G. 6.924.624.006.
La Fiscalía también menciona una presunta contradicción en las declaraciones públicas del exministro, quien días antes de firmar la suspensión habría afirmado que no existían causales justificadas para el abandono del proyecto por parte de la contratista y que los pagos se encontraban al día.