La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quedó integrada por el ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia, quien es miembro natural de la misma; así como los ministros Víctor Ríos y Gustavo Santander, tras la inhibición de César Diesel y Carolina Llanes, en razón de que habrían participado en la reunión secreta en Mburuvicha Róga.
La sala deberá resolver quiénes integran el Tribunal de Apelación que a su vez debe estudiar una acción en el caso filtraciones de Seprelad.
El Tribunal de Alzada, que aún no está conformado por una serie de inhibiciones, debe resolver una apelación planteada en contra de la resolución de la jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz, la cual autorizaba la extracción de datos de una de las computadoras incautadas de la sede de Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), en el marco de la causa penal.
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Los abogados defensores de los investigados en esta causa habían planteado el pedido de que se aparten los ministros Llanes y Diesel, en atención a que supuestamente se habían reunido en forma secreta con el presidente Santiago Peña en la sede de Mburuvicha Róga.
De esta forma, los ministros Víctor Ríos y Gustavo Santander, quienes integran naturalmente la Sala Constitucional, pasan a integrar la Sala Penal de la máxima autoridad judicial, con la salvedad de que junto con Ramírez Candia, fueron los únicos tres, de los nueve ministros, que no participaron de aquella reunión secreta.
Acusados en caso filtraciones de Seprelad
El 11 de marzo de 2025, el Ministerio Público, a través de los fiscales Silvia González Vester, de la Unidad de Delitos Económicos, y Christian Benítez Cáceres, de la Fiscalía de Emboscada, presentó acusación en el marco de la causa conocida como filtraciones de secretos, contra los exministros de la administración del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, del Interior Arnaldo Giuzzio y de Anticorrupción, René Fernández.
En el caso de Giuzzio, actualmente afronta juicio oral por un caso de presunta coima recibida de parte de un narcotraficante brasileño.
También fueron acusados los exfuncionarios de la era Abdo Benítez, Carmen Pereira, quien fue directora general de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad, Guillermo Preda, director de Análisis Financiero “A” y luego director general interino de Análisis Financiero y Estratégico de ese mismo ente; Francisco Pereira, exdirector de Análisis Financiero “B”, así como Daniel Farías Kronawetter.
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El abogado Enrique Kronawetter, quien representa al expresidente Mario Abdo Benítez y ejerció la defensa de Daniel Farías (fallecido en marzo pasado), así como las defensas de los demás procesados, recusaron al fiscal general Emiliano Rolón, a la fiscala Adjunta Matilde Moreno y a los fiscales antidrogas César Sosa y Elva Cáceres, por las causales del artículo 57° del Código Procesal Penal (CPP), específicamente la falta de objetividad; y al fiscal Osmar Segovia, por no pertenecer ya al equipo tras ser trasladado a Paraguarí.
El planteamiento del Ministerio Público, sin embargo, no tiene alcance con relación al expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez y el diputado colorado Mauricio Espínola, pues si bien fueron imputados, los mismos no fueron procesados por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, en vista a que cuentan con fueros, en el caso de Abdo por ser senador vitalicio y Espínola está en actividad, y no fueron despojados del privilegio parlamentario.