El juez de Ejecución Penal, Carlos Luis Mendoza Peña, ordenó la captura para el exgobernador del departamento Central Hugo Javier González Alegre, conocido en el ámbito del espectáculo como el “N° 2”, a fin de que pueda cumplir su condena de 10 años por el perjuicio de G. 5.105 millones a la institución con “obras fantasmas” en tiempo de pandemia por covid-19.
En tal sentido, mediante su Auto Interlocutorio (AI) N° 156 el magistrado le revocó libertad ambulatoria de la que gozaba desde el 16 de julio del 2025.
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El exgobernador de Central, Hugo Javier, había sido condenado a 10 años de privación de libertad, por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, por Sentencia Definitiva (SD) N°12 del 4 de enero de 2025, dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Karina Cáceres e integrado por Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón.
La semana pasada la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) integrada por los ministros Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón, y la camarista Silvana Luraghi, rechazó los recursos de aclaratoria planteados por Hugo Javier y el también condenado Miguel Ángel Robles Ibarra, con lo que el fallo de primera instancia quedó firme.
Orden de captura alcanza a otro condenado
De la misma forma el magistrado dictó otras resoluciones, a través de las cuales disponía la notificación a las otras personas que también fueron condenadas en el marco de “Hugo Javier Gonzaléz Alegre y otros s/lesión de confianza (Ley N° 6379) Superior A 5500 jornales y otros”.
Para otro de los condenados, como es el caso de Miguel Ángel Robles Ibarra, exdirector de Gabinete de la institución, condenado a 10 años de encierro, el juez Carlos Mendoza dictó la captura para que se haga efectivo el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario. Al igual que Hugo Javier, gozaba de libertad ambulatoria.
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En el caso de Lourde Verónica Lezcano Decoud, exsecretaria del gobernador, quien fue condenada a 2 años con suspensión de la ejecución de la condena, por lesión de confianza en calidad de cómplice, para quien se dispuso que sea notificada para que en el plazo de 72 horas comparezca ante el juzgado para que se le impongan las obligaciones.
Luis Eduardo Allende Araújo, extesorero; Javier Marcelo Rojas Giménez, exdirector de Administración y Finanzas; y Modesta Valiente Escobar, exsecretaria de Administración y Finanzas, quienes también fueron condenados a 2 años con suspensión de la ejecución de la condena, por lesión de confianza. Todos deben presentarse al juzgado dentro de 72 horas para que se le impongan las medidas.
Condena a 10 años de cárcel para Hugo Javier González
El ex gobernador de Central Hugo Javier González Alegre, en el juicio oral que finalizó el 4 de enero de 2025, fue condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza grave y uso de facturas falsas y clonadas, en el caso conocido como “obras fantasmas”, que en plena pandemia causaron un perjuicio de G. 5.105 millones a la Gobernación.
El fallo dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Karina Cáceres (presidenta), Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón fue ratificado en segunda instancia en marzo de este año, por el Tribunal de Sentencia Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala.
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En esta causa también fueron condenados a 10 años de prisión el exasesor y exdirector de Gabinete Miguel Ángel Robles Ibarra, sindicado como el “cerebro del esquema delictivo”; y a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena al exdirector de Administración y Finanzas Javier Marcelo Rojas Giménez; la exsecretaria del gobernador Lourdes Lezcano Decoud; al extesorero Luis Eduardo Allende Araújo y la exsecretaria de Administración y Finanzas Modesta Valiente Escobar.
Luego de dictarse la sentencia condenatoria, Hugo Javier González y Miguel Ángel Robles fueron enviados a prisión, pero tras compurgar la pena mínima de 6 meses ambos recuperaron su libertad. En aquella oportunidad, el Tribunal resolvió mantener las medidas sustitutivas de prisión, en espera de que el fallo quede firme.