10 de septiembre de 2026

La auditoría de la Contraloría a obras realizadas por IPS reveló que se firmaron contratos inflados que costaron G. 1.283 millones por encima de precios de mercado. Además, los fiscalizadores del ente autorizaron desembolsos por trabajos inexistentes o deficientes, sin reportar denuncias. En total, el daño potencial unificado supera los G. 5.300 millones.

El ex gobernador de Central Hugo Javier González Alegre (ANR - cartista) fue condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza grave y uso de facturas falsas y clonadas, que en plena pandemia causaron un perjuicio de G. 5.105 millones a la Gobernación. El tribunal de sentencia ordenó la inmediata remisión del “número 2″ a la Penitenciaría de Tacumbú. Otros cinco acusados también fueron condenados a penas de entre 2 años y 10 años de prisión.

El juicio oral y público al ex gobernador de Central Hugo Javier González Alegre llegaría a su fin este sábado 4 de enero, con la sentencia del Tribunal Especializado en Delitos Económicos que juzga la causa por el presunto desvío de G. 5.105 millones de los fondos de emergencia transferidos en el 2020 a la Gobernación. La fiscalía pide que el “número 2″ sea condenado a 8 años de cárcel.

El exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre solicitó su absolución de culpa y pena del proceso penal que afronta junto a otros cinco acusados por el supuesto desvío de G. 5.105 millones de los fondos de emergencia, transferidos a la Gobernación en el 2020. La fiscalía pide una condena a 8 años de cárcel para el “número 2″, quien conocerá la sentencia entre este viernes 3 y el sábado 4.

El Ministerio Público presentó hoy sus alegatos finales y solicitó que el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre (ANR - cartista) sea condenado a 8 años de cárcel por presuntamente liderar un esquema delictivo que fue montado en la Gobernación para el desvío de G. 5100 millones los fondos de emergencia, en el año 2020.

El ex intendente de Arroyito Samuel González Valdez (ANR) debe presentarse ante la justicia para cumplir su condena de 5 años de cárcel, por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos. El político desvío recursos del Fonacide y de royalties, para inversión en supuestas obras comunitarias que resultaron ser fantasmas.