El incidente sufrido por el exgobernador del Departamento Central Hugo Javier González, en su celda del Pabellón Industrial La Esperanza, reabrió el debate sobre la asistencia médica a las personas privadas de libertad (PPL).
Lea más: Abogado de Hugo Javier González habla de golpiza y confirma amenazas
A través de un comunicado institucional, el MNP remarcó que las personas privadas de libertad mantienen intacto su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. La atención médica en el sistema penitenciario —sostuvo el organismo— debe ser equivalente a la que recibe la población en libertad.
El MNP denunció la persistencia de barreras burocráticas, contingencias administrativas y protocolos de custodia que ralentizan el traslado de reclusos a centros asistenciales de urgencia. Ante esta situación, exigió erradicar los obstáculos logísticos y garantizar derivaciones hospitalarias inmediatas y oportunas en casos de emergencia médica.
Lea más: Movida tropical, en vigilia por Hugo Javier: artistas organizan campañas y rezan por su salud
Propuesta de reforma: pasar la sanidad al Ministerio de Salud
Para subsanar las falencias del sistema actual, el MNP planteó un cambio estructural: retirar la gestión de la sanidad penitenciaria del ámbito del Ministerio de Justicia y transferirla al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
La propuesta contempla la creación de una dirección general o dependencia equivalente dentro de la cartera de Salud, dotada de capacidad técnica y recursos propios. El objetivo es que la atención médica dentro de las penitenciarías se aplique de forma autónoma y bajo criterios exclusivamente profesionales y sanitarios, sin interferencias de la administración penitenciaria.
Lea más: Dictamen forense de Hugo Javier: no se puede descartar una agresión
Exigen investigación sobre las demoras y medidas estructurales
El MNP solicitó una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido con el exgobernador en el Pabellón Industrial La Esperanza para deslindar responsabilidades administrativas o penales por la demora en la asistencia.
Finalmente, la institución enfatizó que el Estado tiene el deber ineludible de evitar agresiones, torturas o tratos inhumanos a las personas bajo su guarda, por lo que instó a adoptar medidas preventivas de fondo para evitar que este tipo de hechos vuelvan a repetirse.