Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, considerado en el ámbito político y administrativo de la Gobernación de Central como el verdadero “gobernador de facto” detrás de la gestión del exanimador Hugo Javier González, finalmente se entregó a las autoridades para cumplir con la pena de 10 años que le impuso un tribunal en enero de 2025.
El hombre, que gozaba de libertad ambulatoria, debía presentarse ante la Justicia luego de que la sentencia quedara firme. Hugo Javier hizo lo propio y se entregó el pasado 4 de agosto siendo derivado inmediatamente a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza; sin embargo, Robles permanecía en condición de fugitivo.
Fue por esa razón que el Juzgado de Ejecución intimó formalmente al condenado a entregarse; caso contrario, ejecutaría la fianza millonaria que incluye inmuebles en varios puntos del país. Sobrepasado el plazo otorgado, el miércoles último, el magistrado Carlos Mendoza declaró la ejecución de las cauciones presentadas; decisión que dejó las propiedades embargadas a un paso del remate judicial.
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El que se quedó con la plata, según sentencia
Al argumentar la condena a 10 años de cárcel para Hugo Javier González y Miguel Ángel Robles, el 4 de enero de 2025, la jueza Karina Cáceres, presidenta del Tribunal de Sentencia, explicó que los fiscales demostraron que las 14 obras supuestamente financiadas con los fondos de emergencia, fueron construidas mucho antes de los desembolsos que recibió la Gobernación de Central.
La magistrada resaltó que Hugo Javier González, en su carácter de gobernador y ordenador de gastos, erogó mediante dos resoluciones a favor de la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la “construcción y mantenimiento de espacios públicos en el departamento Central”, la suma de G. 3.063.360.000; y también “pavimentación asfáltica empedrado” por valor de G. 2.042.240.000, totalizando la suma de G. 5.105.600.000, por los que la Gobernación de Central no tuvo contraprestación alguna.
Según lo explicado por la presidenta del Tribunal, el exdirector de Gabinete fue quien ideó y lideró el esquema delictivo, hasta conseguir el desembolso del dinero.
La magistrada resaltó que los G. 5.105.600.000 que la Gobernación de Central desembolsó, y que finalmente fueron cobrados por el CIAP, terminaron en poder de Miguel Ángel Robles.
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