El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N° 3 hizo efectivo el apercibimiento dictado previamente el pasado 5 de agosto. Aquel fallo había intimado a Miguel Ángel Robles Ibarra y a sus fiadores para que el condenado compareciera en un plazo no mayor a cinco días.
Tras vencer el emplazamiento e informarse formalmente que el exfuncionario no se puso a disposición de la Justicia ni justificó su incomparecencia por fuerza mayor, la magistratura declaró la ejecución de las cauciones presentadas. Con esta decisión, las propiedades embargadas quedan a un paso del remate judicial.
Inmuebles a favor del Estado para cubrir la garantía
La resolución judicial resuelve llevar adelante la ejecución sobre diversos inmuebles valuados en miles de millones de guaraníes, ubicados en distritos como Lambaré y Ñemby, en el departamento Central; Belén, en el departamento de Concepción, y San Bernardino, en Cordillera.
Asimismo, la magistratura ordenó la notificación por cédula a la Procuraduría General de la República, debido a que la causa involucra la afectación directa del patrimonio del Estado paraguayo. De esta forma, la Procuraduría quedará habilitada para iniciar las gestiones legales tendientes al remate de los inmuebles y la posterior recuperación de los fondos liquidados.
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Miguel Robles, un “gobernador de facto”
Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra era considerado en el ámbito político y administrativo de la Gobernación de Central como el verdadero “gobernador de facto” detrás de la gestión del exanimador Hugo Javier González.
Funcionario permanente de la Cámara de Diputados, fue comisionado a la institución departamental, donde ejerció como asesor principal y hombre de confianza del exgobernador. De acuerdo con la investigación de la época, Robles orquestó las operativas valiéndose de un fuerte poder de decisión.
En la causa por el desfalco de los fondos destinados a obras de reactivación económica de Central en el marco de la pandemia de covid-19, el Ministerio Público y la Justicia señalaron a Robles Ibarra como el articulador del esquema para desviar los G. 5.105 millones.
Este entramado incluyó el uso de facturas clonadas y falsificadas presentadas por la organización no gubernamental Centro Ejecutivo de Gestión de Políticas Públicas (CIAP) para justificar los gastos. Por este hecho, Robles terminó condenado a 10 años de pena privativa de libertad en calidad de cómplice, la misma pena impuesta al exgobernador González.
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