El exfiscal de la ciudad de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre (56), y su ex auxiliar fiscal Lilian Andrea Florenciano Alfonso (39), fueron acusados por el hecho punible de cohecho pasivo agravado (coima), en calidad de coautores, por la fiscala Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
A partir de este acto procesal, el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, primeramente debe admitir la acusación fiscal y luego fijar fecha de audiencia preliminar para convocar a los acusados. En dicha diligencia analizará los elementos presentados por la fiscalía y las defensas para resolver si remite o no la causa a la etapa de juicio oral.
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Cabe recordar que Bernardo Elizaur, fue imputado el 13 de octubre de 2025, en un procedimiento de entrega vigilada de los G. 7.000.000 que había solicitado supuestamente a una mujer, a fin de que el fiscal se allane al pedido de la suspensión condicional del procedimiento hecho por el marido de la misma, en el marco de un proceso por lesión grave.
Elizaur había sido despojado de sus fueros y enjuiciado de oficio en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cuyos integrantes habían solicitado su suspensión en el cargo a la Corte Suprema de Justicia C(SJ). Sin embargo, la extrema burocracia en el órgano constitucional permitió que el mismo siga en funciones.
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Además, esa burocracia relacionada directamente en la falta de firmas de los miembros para la remisión del acta de pedido de suspensión a la Corte, también posibilitó que el mismo renuncie al cargo y no sea cesado en sus funciones como fiscal. También extinguió su enjuiciamiento en el JEM por no ser más de la magistratura.
Fiscal y su auxiliar pidieron dinero para “ayudar” con salida procesal
La acusación contra el fiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur, formulada por la fiscala Yeimy Adle Monges, es por el supuesto delito de cohecho pasivo agravado en calidad de co-autor.
De acuerdo con los antecedentes del caso, a ambos se les atribuye haber solicitado, a través de Florenciano, G. 7 millones en efectivo, a cambio de allanarse a una salida procesal menos gravosa -más concretamente sobreseimiento provisionan-, en favor de Mauricio Soel Méndez Gómez (21), quien está procesado por presunta lesión grave.
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Las comunicaciones entre la auxiliar fiscal y la abogada María Corazón Corrales supuestamente se dieron vía WhatsApp, a partir del 19 de septiembre pasado. Se habría consultado cuánto podrían ofrecer para que el requerimiento conclusivo sea el de sobreseimiento provisional.