En su sesión ordinaria el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), dio tratamiento al caso relacionado al fiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre, quien penalmente está procesado por un presunto pedido de pago de G. 7 millones a cambio de pedir una salida procesal a un encausado por lesión grave.
En tal sentido, el órgano encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos resolvió en forma unánime despojar de sus fueros al fiscal Bernardo Elizaur, así como iniciar de oficio el enjuiciamiento al mismo, procedimiento que queda suspendido a las resultas del proceso en el fuero penal.
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Igualmente, el Jurado decidió elevar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pedido de suspensión en sus funciones del representante del Ministerio Público. La máxima autoridad judicial deberá tratar esta solicitud en su próxima sesión.
El presidente del JEM, el ministro de la Corte César Antonio Garay Zuccolillo, propuso el desafuero, enjuiciamiento de oficio por hecho punible y mal desempeño de funciones, indistintamente, así como el pedido e suspensión. La vicepresidenta 1° del órgano, Alicia Pucheta apoyó esta moción.
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Por su parte, el ministro de la CSJ Manuel Ramírez Candia por su parte, si bien apoyó el desafuero y el pedido de suspensión a la Corte, votó en disidencia en cuanto al enjuiciamiento, pues consideró que no se percibe un hecho distinto que motive el enjuiciamiento. “Lo que se menciona acá es que el hecho que motivó la imputación puede ser inmoralidad en su vida privada, pero puede seguir a su función fiscal”, señaló.
El voto de Ramírez Cándia se vio apoyado por los demás miembros: los senadores Mario Varela y Derlis Maidana, el consejero Enrique Berni y el diputado Diego Cándia. El diputado Alejandro Aguilera Elizaur, se excusó de intervenir en el caso por decoro delicadeza.
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Fiscal y su auxiliar imputados por presunta coima
La imputación contra el fiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur, formulada por la fiscala Yeimy Adle Monges, de la Unidad Penal N° 11 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, es por el supuesto delito de cohecho pasivo agravado en calidad de autor, mientras que su auxiliar fiscal será indagada en carácter de presunta cómplice.
De acuerdo a los antecedentes del caso, a ambos se les atribuye haber solicitado, a través de Florenciano, G. 7 millones en efectivo, a cambio de allanarse a una salida procesal menos gravosa -más concretamente sobreseimiento provisionan-, en favor de Mauricio Soel Méndez Gómez (21), quien está procesado por presunta lesión grave.
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Las comunicaciones entre la asistente fiscal y una abogada supuestamente se dieron vía WhatsApp, a partir del 19 de septiembre pasado. Se habría consultado cuánto podrían ofrecer para que el requerimiento conclusivo sea el de sobreseimiento provisional.
La conducta del agente fiscal imputado y de su asistente se adecuarían al tipo penal de cohecho pasivo agravado, Art. 301 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el Art. 29, primera parte, del mismo cuerpo legal.