La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público presentó una acusación formal contra 12 personas vinculadas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM).
Los agentes fiscales Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres solicitaron oficialmente la elevación de la causa a juicio oral y público tras corroborar un esquema de saqueo que provocó un perjuicio patrimonial de G. 11.789.516.891. La rosca, integrada por exdirectivos y funcionarios de la entidad, está procesada por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
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La investigación del Ministerio Público detalla que el esquema criminal operó impunemente entre los años 2019 y 2023, periodo en el que se dedicaron a desviar de forma sistemática el dinero del rubro 821, destinado exclusivamente al pago de jubilaciones y pensiones.
Para perpetrar el robo sin levantar sospechas inmediatas, la banda reutilizaba los expedientes administrativos de exafiliados que tiempo atrás ya habían cobrado la totalidad de sus aportes.
Sin el conocimiento de los verdaderos titulares, los acusados reingresaban los papeles al circuito interno, simulaban nuevos trámites y generaban órdenes de pago fraudulentas para emitir cheques duplicados, triplicados y hasta cuadruplicados.
Cheques y endosos falsos y cobros a nombre de fallecidos
Una vez emitidos los cheques a nombre de los exafiliados, los implicados endosaban los documentos de manera falsa y los cobraban directamente en ventanillas bancarias a través de funcionarios de la institución o de terceros cómplices.
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El trabajo de pericia contable realizado por el Laboratorio Forense de la Fiscalía permitió desmantelar el entramado al confirmar que se cobraron de forma irregular 486 cheques dirigidos supuestamente a 285 exafiliados.
Entre los hallazgos más graves expuestos en el expediente, la Fiscalía detectó que la red criminal llegó al extremo de emitir y cobrar millonarios fondos a nombre de personas que ya habían fallecido mucho antes de la liberación de las órdenes de pago.
El escrito conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital. Ahora, la pelota queda en la cancha de la magistratura, que deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se resolverá si los 12 acusados se sientan finalmente en el banquillo de los acusados en un juicio oral.