Los fiscales Carlos Ramírez y Laury Vázquez, de la Fiscalía Regional de Caazapá, representan al Ministerio Público en el juicio oral y público contra un adolescente acusado de los presuntos hechos punibles de feminicidio y abuso sexual en niños, que tuvo como víctima a Melania Monserrath Riveros, de 11 años.
El proceso se encuentra actualmente en la etapa final de producción de pruebas testimoniales. Una vez concluidas las declaraciones de los testigos convocados, la audiencia continuará con las demás diligencias correspondientes para avanzar hacia el cierre del debate oral.
El hecho investigado ocurrió el 21 de julio de 2025 en la compañía Isla Sakã, distrito de Fulgencio Yegros. La niña había sido reportada como desaparecida y, tras una búsqueda realizada por familiares y vecinos, fue encontrada sin vida en una zona de vegetación ubicada a unos 200 metros de su vivienda.
La autopsia estuvo a cargo del director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Pablo Lemir. El examen determinó que la causa de muerte fue una estrangulación a lazo. Además, durante las pericias se encontraron indicios compatibles con abuso sexual, cuyos resultados fueron incorporados a la investigación.
Cronología de la investigación
21 de julio de 2025: hallazgo del cuerpo. La niña fue reportada como desaparecida durante la tarde en la compañía Isla Sakã, distrito de Fulgencio Yegros. Familiares y vecinos iniciaron una búsqueda y, alrededor de las 20:00, encontraron su cuerpo en un yuyal ubicado a unos 200 metros de su vivienda. El hallazgo motivó la intervención policial y del Ministerio Público.
22 de julio: detención del primer sospechoso y controversia por la autopsia. Al día siguiente, la Policía detuvo a un hombre adulto que había sido condenado anteriormente por abuso sexual contra la misma niña y que se encontraba en libertad condicional. La Fiscalía formuló una imputación inicial por homicidio doloso y solicitó su prisión preventiva. Ese mismo día surgieron cuestionamientos porque, en un primer momento, el fiscal interviniente había considerado innecesaria la autopsia. Tras los reclamos de familiares y cuestionamientos públicos, se dispuso finalmente el traslado del cuerpo a Asunción para realizar el examen forense.
23 de julio: la autopsia determina la causa de muerte. El procedimiento, realizado por el médico forense Pablo Lemir, estableció que la niña murió por estrangulación a lazo. También se detectaron lesiones y se tomaron muestras para determinar si había sufrido abuso sexual. El especialista explicó que el cuerpo habría sido trasladado hasta el sitio donde fue encontrado y que se habría intentado simular una ahorcadura.
24 de julio: aparecen inconsistencias en una coartada. La fiscal Laury Vázquez informó que los investigadores habían detectado contradicciones entre la versión del primer sospechoso, quien afirmó que estuvo trabajando durante la tarde del crimen, y los datos proporcionados por su empleador. En un nuevo allanamiento a su vivienda se incautaron un teléfono celular y calzados para realizar pericias y cotejos. Paralelamente, la investigación comenzó a considerar la participación de otro sospechoso, un adolescente de 16 años.
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25 de julio: el adolescente se entrega tras una fuga. El joven había sido convocado para una inspección médica, pero se negó inicialmente a someterse al procedimiento y abandonó su vivienda antes de un allanamiento policial. Horas después se presentó ante las autoridades acompañado de su madre y una defensora. Tras cumplirse la inspección corporal pendiente, quedó detenido en la Comisaría de Caazapá.
Agosto de 2025: reconstrucción de los hechos. El Ministerio Público realizó una reconstrucción en la zona donde fue hallado el cuerpo y sus alrededores, con participación de los dos sospechosos que entonces estaban vinculados a la causa. Fueron convocados 13 testigos, varios de ellos menores de edad. Durante la diligencia se recrearon los desplazamientos y las circunstancias que, según la hipótesis investigativa, precedieron al crimen.
Diciembre de 2025: acusación contra el adolescente. Los fiscales Carlos Ramírez y Laury Vázquez presentaron acusación contra el adolescente por los presuntos hechos punibles de feminicidio y abuso sexual en niños, y solicitaron que la causa fuera elevada a juicio oral y público.
Marzo de 2026: la causa es elevada a juicio oral. Luego de que la audiencia preliminar sufriera suspensiones, el Juzgado Penal de la Adolescencia del Primer Turno de Caazapá admitió la acusación fiscal y dispuso la apertura del juicio oral. La magistrada rechazó los incidentes planteados por la defensa, entre ellos los pedidos de exclusión de pruebas testimoniales, documentales y de la autopsia, así como el sobreseimiento definitivo solicitado para el adolescente.
Junio y agosto de 2026: nuevas postergaciones del juicio. El debate oral sufrió nuevos aplazamientos por incidencias procesales y recursos presentados durante el trámite. En agosto, una apelación de la querella contra la decisión del Tribunal de Sentencia de declarar abandonada esa acusación particular volvió a dejar el expediente pendiente de resolución del Tribunal de Apelaciones. Para el juicio, la Fiscalía había anunciado la presentación de 52 testigos, además de pruebas documentales y periciales.
Setiembre de 2026: finalmente comenzó el juicio oral. Luego de los sucesivos aplazamientos y recursos planteados durante el proceso, el Tribunal de Sentencia inició el análisis de las pruebas presentadas por las partes y la recepción de las declaraciones testimoniales.
Noviembre de 2026: etapa final de producción de pruebas. El proceso se encuentra actualmente en la fase final de declaraciones testimoniales. Los fiscales Carlos Ramírez y Laury Vázquez representan al Ministerio Público en el juicio contra el adolescente, acusado de los presuntos hechos punibles de feminicidio y abuso sexual en niños, en perjuicio de la niña.