La primera intervención del abogado Wiliam Dante Justiniano tuvo lugar el pasado martes 17, fecha en que planteó un incidente de tercería de dominio en representación del Grupo Vázquez en el caso Ueno Bank, tramitado ante el juzgado penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del segundo turno, a cargo de Rodrigo Estigarribia.
En la presentación, radicada bajo patrocinio de la abogada Isamar Rosana Fariña, Justiniano solicitó el cese de las medidas cautelares dictadas con relación a numerosos bienes, afectados mediante el auto interlocutorio AI N° 362 del 6 de noviembre pasado, a través del cual se dictó inhibición general de vender y gravar bienes contra diez personas jurídicas, entre ellas la ahora recurrente.
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En declaraciones a ABC Color, Justiano explicó que además de Miguel Vázquez -ex-CEO y exvicepresidente primero de Ueno Bank., hay otros tres hermanos que integran el grupo empresarial que representa que son directamente afectados por las medidas cautelares dictadas en el proceso, pese a no estar procesados.
Pedido de cese de embargo y devolución de vehículos del Grupo Vázquez
Las incautaciones se dieron en el marco de los procesos abiertos a Miguel Vázquez por supuesta estafa y por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa, violación de llevar libros de comercio y asociación criminal.
“Mi representada, Grupo Vázquez S.A.E., no se encuentra imputada en la presente causa penal, ni reviste calidad de parte procesada o investigada. En un Estado de derecho regido por el principio de legalidad procesal, no existe legitimación pasiva alguna para decretar medidas cautelares sobre el patrimonio de una persona jurídica que no está imputada y respecto de la cual no pesa siquiera una sospecha fundada de participación en un hecho punible”, alega en su presentación.
En declaraciones a ABC, el abogado Justiniano explicó que la petición que presentó en nombre de los demás integrantes del Grupo Vázquez reivindica la posesión de 58 vehículos y también las tres estancias intervenidas por los investigadores, actualmente a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Ante esta petición, el magistrado Estigarribia dio intervención a la Senabico, decisión impugnada por Justiniano, por considerar que la misma no es parte en el proceso.
De los seis abogados que figuran en el poder, solo Justiniano tomó intervención en el caso Ueno
Hasta ahí llegó la actuación del mencionado profesional, que a primera hora de hoy presentó renuncia al mandato. Recordemos que para tomar el caso, el abogado Wiliam Dante Justiniano acudió al Centro Nacional de Prevenidos, ex-Tacumbú el 6 de noviembre pasado, acompañado de la escribana María Teresa López de Aponte y otros abogados.
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En la ocasión, Miguel Vázquez, en su carácter de presidente del Grupo Vázquez Sociedad Anónima Emisora otorgó un poder general a seis abogados para que ejerzan la representación de la empresa de manera conjunta, separada o indistinta. El documento les permite actuar en representación de la sociedad ante distintas instancias judiciales y administrativas.
Además de Wiliam Dante Justiniano, el mandato incluye a Milner Alfonso Sosa Silva, Dulce María Sosa Silva, Ricardo Miguel Fernández Olmedo, Isamar Rossana Fariña Sosa y Mauricio Javier Ozuna Samudio. En el proceso del caso Ueno, solo el primero tomó intervención, no así los demás letrados.
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Consultado por ABC acerca de los motivos de su decisión, Justiniano se excusó de entrar en detalles pero aclaró que continúa en la causa, pero en representación de Luis Fernández Ríos, director de Tuiu SA, procesado por supuesta conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.
Por otro lado, la defensa de Miguel Vázquez está actualmente a cargo del abogado Osvaldo Bittar, quien asumió la representación tras la renuncia de los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres Frutos y Álvaro Cáceres.
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Grupo Vázquez ataca a la Ley de la Senabico para evitar subasta
Justiniano también había planteado una excepción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Senabico, con el propósito de evitar la eventual subasta de los bienes incautados, medida a la que recurre generalmente la institución para evitar los gastos que conllevan la manutención de dichos bienes.
“Presentamos una excepción de inconstitucionalidad porque consideramos que la facultad establecida en la ley de la Senabico es inconstitucional, porque ellos realizan incautación encubriendo una confiscación”, explicó en la ocasión.