Incluso, cuando se lo habían requerido varias veces, Óscar Rodríguez había escondido de la ciudadanía la rendición de cuentas sobre compras directas realizadas bajo el argumento de la emergencia sanitaria por covid-19.
Un pedido judicial de la entonces candidata a la Intendencia, Johanna Ortega, obligó a la Municipalidad de Asunción a poner en línea los documentos respaldatarios de compras de insumos médicos y sanitarios, además de alimentos, realizadas por más de G. 6.000 millones.
Apenas se publicaron las facturas, contratos y demás, estudiantes, economistas, políticos, periodistas, comenzaron a publicar evidencias de las irregularidades que se habían cometido con el dinero del contribuyente asunceno entre marzo y diciembre de 2020. Fue en plena pandemia, mientras la gente padecía el dolor del covid, el encierro y la partida de sus seres queridos.
Trabajos de investigación periodística terminaron de cerrar los círculos y probaron irregularidades de todo tipo en los procesos de adjudicación.
Pero independiente del trabajo contralor que la ciudadanía y la prensa desarrollaron sobre la administración de Nenecho, para sacar toda duda la Contraloría General de la República realizó una auditoría y emitió ahora un dictamen que confirma todas y cada una de las sospechas.
No es la gente la que lo dice. Se trata de la institución contralora del Estado. Entre otras cosas, afirma que se vulneró el principio de transparencia y publicidad en los procesos de contratación. No hay documentos que fundamenten la necesidad de las compras que se hicieron, incluida la adquisición de un detergente francés especial para hospitales, que tampoco se sabe para qué se empleó. Además se confirmó que se contrataron firmas vinculadas entre sí y otras empresas que son “fantasma”.
Ante estas evidencias, que la Contraloría General ya remitió al Ministerio Público, ya no hay dudas de que se cometieron irregularidades en el uso del dinero público que era responsabilidad de Nenecho en el 2020.
Ahora la duda, bien fundamentada, es -como ya dijimos- si la Fiscalía tendrá coraje y la independencia política necesarios para profundizar la investigación y sancionar a los responsables. Y si la Junta Municipal de Asunción tiene las agallas necesarias para hacer lo que debe, o seguirá siendo cómplice de un intendente que, a la luz de las evidencias, no merece -ni debería- permanecer en el cargo por más tiempo.