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En lo que va del año se han producido 26 feminicidios según datos oficiales. Además del fenómeno de la violencia muestra también cómo funcionan las cosas a favor de los infractores con la complicidad de las autoridades y agentes quienes deberían estar comprometidos con el bienestar de las victimas y no de los agresores. La justicia siempre es benevolente con ellos, con los acosadores, con los agresores y los feminicidas… les dan “una segunda oportunidad” para que puedan terminar “el trabajo” en forma y enviar a las mujeres al más allá.
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Las órdenes de alejamiento no se cumplen y las llamadas de emergencia por casos de violencia no se atienden en tiempo y sobre todo en forma. No solo es la justicia, es también la sociedad que estigmatiza a la víctima y la hace responsable de las desgracias que le suceden: “Qué hacía ahí a esa hora…”, “Para qué se viste así”, “Ella lo puso celoso” y en el caso de violaciones o acoso sexual “no hay pruebas conducentes del delito” … y numerosos argumentos que vuelcan la situación a favor de los agresores.
Este tipo de hechos fue considerado como una emergencia en Uruguay que en el año 2019 (dos años después de la promulgación en nuestro país) llevó a la adquisición masiva de tobilleras que ha brindado resultados positivos en términos de prevención de la violencia y colateralmente ha contribuido a descongestionar las cárceles.
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El tema en nuestro país es que las tobilleras no tienen esencialmente el carácter de prevención de hechos violentos solamente. La principal motivación para que todos estén corriendo de un lado a otro para “solucionar el tema” no pasa por la seguridad de las mujeres y sus familias. Pasa por a quién le resulte un negocio rentable. Aun así, eso sería mejor que nada. #NiUnaMenos.
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