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De acuerdo al Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) la Ley 7190/23 “De los créditos de carbono”, esta ley crea las condiciones legales necesarias para que Paraguay pueda operar como un actor relevante en el mercado internacional de créditos de carbono y así captar fondos para proyectos de conservación de naturaleza y de desarrollo sostenible que, de otra manera, irían a otros países.
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Según los expertos en el tema, el mercado del carbono es n sistema de compraventa de contaminación en el que cualquier persona o entidad puede pagar a otra para que la contaminación que una emita pueda ser sostenida por la otra parte a partir de la conservación de un ecosistema. Así se genera una dinámica de compensación en la que una parte contamina y la otra conserva los bosques y obtiene ganancias con eso.
Quienes cuestionan esta ley lo hacen desde el lado de su tratamiento en tiempo récord, así como algunos consideran que la normativa solo beneficiaría a oenegés “globalistas” y pisotearía los derechos de los pueblos originarios.
En ese sentido, podemos seguir el hilo de IDEA que ciertamente sostiene que esta ley por sí sola “no resuelve los problemas ambientales de Paraguay ni los globales relacionados con el cambio climático”. Sin embargo, constituye un importante primer paso para hacia una política ambiental que nos permitirá profundizar, “en un marco de seguridad jurídica, los vínculos y responsabilidades en materia ambiental tanto del Estado como del sector privado”.
Como estado parte de convenciones internacionales de carácter ambiental y nuestro país, se compromete -o al menos debería, nunca se sabe- a la aplicación de altos estándares a la hora de aplicar la certificación. Por otra parte, la normativa define y establece claramente la propiedad de los créditos de carbono y al mismo tiempo “establece un régimen de transparencia e información pública respecto de todo el proceso de certificación y de las transacciones que es fundamental para que esos proyectos sean también auditados por el público y organizaciones de la sociedad civil”.
Convengamos que una ley, es en algunos casos generalmente responde a los intereses de alguien o un grupo que a la final busca beneficiarse, pero en el camino logramos dar un paso hacia la formalización y sobre todo hacia la conservación de nuestros bosques, hasta ahora raleados a mansalva.