La sugerencia de Peña fue un desaire. Galeano la tomó con indiferencia, tal vez con desprecio. Fue el primer acto que debilitó el poder presidencial. También, una demostración de la fuerza que ampara a la delincuencia.
El caso del senador Galeano es particularmente grave. Desde hace años el país sufre la trágica consecuencia del consumo de drogas prohibidas, principales causantes de la violencia callejera y doméstica. Se da el caso paradójico de que también los drogadictos son víctimas. Fueron iniciados, generalmente con engaños, por los microvendedores que se proveen de una estructura mayor y esta, a su vez, de una superior que se queda con el dinero de los pobres infelices que matan o mueren por un teléfono celular para alimentar su vicio. Presionados por la opinión pública, los senadores le dejaron sin fueros a Galeano, que tuvo la suerte de encontrar un juez “comprensivo”. Dispuso que guardara reclusión domiciliaria con permiso para asistir a las reuniones parlamentarias. O sea, nada.
El otro supuesto narcotraficante, Reinaldo “Cucho” Cabaña, también guarda reclusión domiciliaria, en Lambaré, donde recibe a dirigentes de la seccional colorada local. ¿Cuál es el motivo de la visita? ¿Recibir apoyo moral? ¿Conseguir financiamiento para alguna campaña política? Nadie creería en una visita de mera cortesía a un personaje sindicado por la justicia como narcotraficante. Una vez más la narcopolítica, a la que los colorados son muy adictos, queda al descubierto. ¿Qué hay del Tribunal Ético del Partido? ¿O solo está para expulsar a quienes critican a Horacio Cartes, como Gerardo Soria?
Soria es dirigente del movimiento Fuerza Republicana, ahora a punto de ser despedido de Itaipú. Se queda sin partido y sin trabajo. Mientras tanto, Cartes se presenta a la fiscalía como víctima de una persecución política.
Un informe de Naciones Unidas que se conoció en estos días, y difundido por la prensa internacional, nos ubica en el cuarto lugar en el ranking del crimen organizado en el mundo. Entre ocho causas, figura la narcopolítica.
El otro escándalo, originado también en el cartismo, estuvo dado en el intento de despojar al Ministerio de Defensa Nacional de una valiosa propiedad ubicada en Remansito, Villa Hayes, sobre el río Paraguay. La ley, apadrinada por el senador Basilio Núñez, fue oportunamente vetada. Se evitó así un negociado de enormes proporciones.
La otra celada que le tendieron también los cartistas y sus adherentes a Santiago Peña se dio con el proyecto de aumentazo al Ejecutivo y al Legislativo. Ante la generalizada reacción ciudadana, Basilio Núñez y Raúl Latorre dijeron que con el aumento del salario –dieta– senadores y diputados no necesitarían acudir a la corrupción para vivir. Esta es la lógica que alienta la moral de algunos parlamentarios.
Cuando parecía que el aumento se concretaba, y crecía la indignación de los contribuyentes, la historia tuvo un giro inesperado: los cartistas y satélites se opusieron al aumento, con lo que dejaron muy mal parado al Presidente de la República.
Pero el Presidente tenía una carta escondida que no tardó en mostrarla: los mismos parlamentarios, que luego se opusieron al aumento, han sido los padres de la iniciativa de aumentar en cinco millones de guaraníes mensuales a cada legislador. Hasta el mismo Vicepresidente de la República se despachó en contra del intento. Fue cuando Peña se animó a contar el origen: cedió a una extorsión de los parlamentarios, cartistas y “opositores”.
Luego del regreso de Peña de los Estados Unidos fue que los cartistas y satélites se movieron en un aparente intento de debilitar al gobierno. ¿Qué pasó? ¿Peña no trajo del norte la noticia que esperaba Cartes?
Estos y otros acontecimientos anuncian malos presagios para el gobierno de Peña y la democracia.