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Vimos, atónitos, cómo el cartismo y sus satélites de ocasión en Senadores y Diputados aprobaron, sin debate amplio y democrático, un proyecto de ley tan sensible para los ciudadanos: la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, que nada más y nada menos tendrá a su cargo el control del dinero de los trabajadores y jubilados.
Atropellando, con prepotencia, soberbia y autoritarismo, el gobierno de Santiago Peña (ANR) y sus aliados en el Congreso aprobaron “a tambor batiente” la creación de la Superintendencia, que es necesaria, pero no sin escuchar las críticas de todos los sectores. El Presidente prometió en su discurso de asunción, el 15 de agosto de este año, escuchar todas las voces, buscar el consenso y la paz social.
Vimos que no lo hizo. Peña no fue capaz o no tuvo la voluntad de escuchar las voces disidentes al proyecto de Superintendencia, como sí lo haría un estadista. Esta fue ideada a las apuradas, y aprobado con un ajustado margen de votos en el Congreso. Es un proyecto que necesitada mucho debate. Inicialmente pretendía usar los fondos del IPS para prestar al Estado, que sus directores tendrían inmunidad (no podrían ser investigados) entre otros cuestionamientos. Sin embargo, fue sancionado y promulgado a las apuradas, al trote y retocado a las apuradas, ante las críticas.
Otro hecho negro para el país es la aprobación (media sanción) en Diputados del proyecto de ley que busca perdonar a corruptos (devolución premiada). Previamente, la iniciativa planteada por el diputado colorado cartista Yamil Esgaib, que pasó al Senado para su estudio, solo era para beneficiar a los funcionarios públicos corruptos. El proyecto es para premiar con sanciones penales más benignas cuando se trate de hechos punibles contra el erario público cometidos por funcionarios, en caso de que la persona devuelva el dinero robado.
Esperemos que en el Senado prime la racionalidad y se rechace este proyecto descabellado. La disparatada inciativa contradice el discurso del presidente Peña, quien al inicio de su gobierno anunció un plan anticorrupcón, con los demás poderes del Estado. También es un contrasentido para su discurso de que Paraguay es un país con seguridad jurídica.