22 de julio de 2026
Actualmente estamos viviendo un proceso de degradación institucional que resulta particularmente doloroso en el ámbito de la Justicia. No se trata de un problema aislado de corrupción o de ineficiencia administrativa. Se trata de algo más estructural y preocupante: la ocupación de posiciones clave en el sistema judicial y en los órganos de conducción de la abogacía por parte de personas cuya formación profesional, trayectoria ética y compromiso con el Estado de derecho resultan, en muchos casos, francamente insuficientes.
La sensación de injusticia en Alto Paraná es palpable y comprensible en medio de las recientes noticias sobre el sobreseimiento definitivo de la exintendenta Sandra McLeod de Zacarías y otros siete procesados, en un caso de desvío de G. 3.700 millones de la Municipalidad de Ciudad del Este. Este evento –como otros similares– diluye la confianza en el sistema judicial y se perpetúa la impunidad.

La debilidad institucional de Paraguay sigue siendo foco de cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional. El abuso de poder, en todas sus formas, resta la credibilidad del país. Esto, pese al gran avance registrado en los últimos años en materia económica.
