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En manos de Cartes están el Ejecutivo, el Legislativo y parte del Judicial; tiene al Ministerio Público anestesiado y domina el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Controla los pulmones de seguridad e inteligencia de todo el país, está concentrando gruesas sumas de dinero estatales en pocas manos y pone al frente a sus propios gerentes.
Expulsó en medio del receso y del Congreso a Kattya González y resquebrajó el corazón del Legislativo con una fisura. Cuando le consultaron sobre el tema a Santiago Peña opinó que no opinaba nada porque él no se metía con otros poderes.
Quiso expulsar a Abdo Benítez de la ANR pero frenaron la idea para que la Convención pareciera una ordenada misa al Patrón. Guardaron las formas por 24 horas y luego el fiscal Aldo “canta 50″ Cantero, lacayo del abogado cartista Pedro Ovelar, presentó la imputación contra el ex presidente Abdo Benítez, sus ex ministros y ex técnicos de Seprelad: así son los mensajes de la pura mafia. No lo hicieron antes porque llegar a la asamblea con un terremoto era peligroso. Ya que estaban, fueron por más: cambiaron el reglamento parlamentario y eligieron cuatro meses antes de la fecha usual al próximo presidente del Congreso: otro cartista.
Pero él no tiene paz. Quiere venganza.
Al Patrón ya nada lo detiene, en el 2017 solo lo detuvo la sangre de Rodrigo Quintana. Trozar la Constitución Nacional, atropellar al Poder Judicial y al Ministerio Público, apeligrar la justicia, el equilibrio de poderes y la democracia. “DESdesafuero”, nueva palabra por la cual le devolvieron los fueros a senadores procesados por supuestos ilícitos en venganza por no conseguir su capricho: el desafuero de Abdo. Se olvidaron que al prender fuego al país el que primero se quemará será el títere que sentaron en el Palacio de López, aún no tiene un año en el poder y lo torpedean desde su propio campamento. Y este servil demostró ser, además de pusilánime, un disparatero: él, que antes no hablaba para no meterse con otros poderes, opinó que los sospechados de ilícitos ya llevaban luego mucho tiempo investigados, que la Fiscalía no encontró nada y que el proceso ya era muy largo. Un Presidente no tiene la obligación de saberlo todo, pero está obligado a saber de lo que habla, sobre todo si con sus dichos está crucificando la democracia paraguaya.