La Ley Nº 3966/2010 es contundente al establecer como función municipal la construcción, el equipamiento y el mantenimiento de los caminos vecinales rurales y otras vías de comunicación que no estén a cargo de otros organismos públicos. No se trata de una concesión graciosa ni de una tarea optativa, sino de un deber indelegable del gobierno local.
Sin embargo, la administración del intendente Luciano Cañete (ANR) optó por el camino más cómodo: trasladar esa responsabilidad a los propios vecinos.
Pobladores de diversas compañías y barrios denuncian una total inacción municipal. Las máquinas solo aparecen cuando los vecinos aceptan un sistema de “autogestión obligatoria”, que en la práctica significa comprar el ripio con recursos propios, desembolsando entre G. 2.500.000 y G. 3.000.000 por carga.
Esta exigencia no solo es injusta, sino abiertamente contraria a la ley. Los ciudadanos ya cumplen con su parte pagando impuestos; no están obligados a financiar, nuevamente, lo que el municipio debe garantizar.
La gravedad del escenario queda aún más expuesta si se considera que la Junta Municipal declaró emergencia vial distrital mediante Resolución Nº 459/2025, reconociendo oficialmente el pésimo estado de los caminos terraplenados. Aun así, lejos de una respuesta estructural y equitativa, se impuso un sistema discrecional, donde las reparaciones dependen de la capacidad económica de los vecinos o de su cercanía política con la administración de turno.
El malestar ciudadano crece y, con él, la sensación de indefensión. No solo se vulnera el derecho a transitar con seguridad, sino que se instala una lógica peligrosa: quien reclama es castigado con la indiferencia, mientras se priorizan los pedidos de sectores afines al oficialismo municipal.
A esto se suma la falta de transparencia en la administración de un presupuesto que supera los G. 400 millones destinados al mantenimiento de caminos vecinales, cuyos resultados no se reflejan en la realidad actual de la red vial del municipio.
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