El equipo político actualmente en el poder utilizó su mayoría en el Congreso para perpetrar varios actos antidemocráticos con la excusa de que la ciudadanía les otorgó una mayoría absoluta.
Si bien Santiago Peña ganó la elección de 2023 con una holgada diferencia, no es menos cierto que su porcentaje fue del 42% y que el resto de la población paraguaya optó por otras ofertas electorales.
Si Honor Colorado fuera un sector político con intenciones realmente democráticas hubiera impulsado un reparto equilibrado del poder en las distintas instituciones. Lo que hizo, sin embargo, es copar todas las instituciones, poniendo inclusive a personas incapaces en cargos que le quedaban grande para, presumiblemente, manejarlas a su antojo con oscuros objetivos.
El ejemplo más evidente es el exsenador Hernán Rivas, al que llegaron a hacer nombrar como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pese a su notoria incapacidad.
Lo ocurrido da pie a especular que utilizaron a este personaje para “apretar” a jueces y fiscales en algunos casos concretos vinculados a sus intereses políticos o económicos.
También utilizaron su mayoría, además de aprobar todas las leyes que querían, para expulsar arbitrariamente del Congreso a la senadora Kattya González. El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, cuando le señalan los abusos que comete su sector político y aliados, suele recordar que en el periodo anterior fueron expulsados injustamente del Senado algunos legisladores y siempre cita el caso del senador líbero-cartista Dionisio Amarilla. O sea, admite su arbitraria conducta y se escuda en que antes otros hicieron lo mismo. La máxima de su conducta es injustificable.
Numerosas denuncias que se publicaron en los medios no oficialistas demuestran que el cartismo interviene continuamente en el Poder Judicial para torcer la justicia a favor de sus intereses, algo que va en contra del principio de la división e independencia de los poderes del Estado.
El daño que vienen haciendo a las instituciones es público y notorio. Ni por asomo se puede comparar con un simple pedido para auditar máquinas de votación, cuestión que, de llevarse adelante, redundará además en la confianza de la ciudadanía sobre el respeto a su voluntad en las urnas.
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