El caso de los “Lalochats” confirmó lo que en Paraguay dejó de ser secreto hace tiempo: la justicia tiene precio. El Ministerio Público acusó formalmente a las exjuezas de Pedro Juan Caballero, Carmen Elizabeth Silva Bóveda y Ana Graciela Aguirre Núñez. A la magistrada Silva por cohecho pasivo agravado, prevaricato y frustración de la persecución penal, mientras que a Aguirre, por cohecho pasivo agravado y prevaricato, a partir del expediente surgido del teléfono incautado al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, abatido por la Policía el 19 de agosto de 2024.
Conviene decirlo: esta historia no la destapó un fiscal de oficio ni un control interno del Poder Judicial, sino periodistas que procesaron miles de mensajes bajo amenaza. La acusación es un producto derivado de ese trabajo, no al revés, y por eso resulta tan revelador observar cómo reacciona el poder cuando esa tarea se acerca a su propio patio.
A primera vista la acción fiscal parece un triunfo, pero el Ministerio Público no menciona con el mismo énfasis la red institucional que sostuvo a estas magistradas mucho más arriba de sus despachos y que, sin un solo procesamiento, sigue funcionando. El 3 de noviembre de 2022, el Tribunal que Silva presidía —junto a Aguirre y a Mirna Soto González, destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) recién el 2 de octubre de 2025— absolvió a Waldemar Pereira Rivas, alias “Cachorrão”, señalado en su momento por la propia fiscalía como autor intelectual del asesinato del periodista Léo Veras, baleado en 2020.
Según los chats difundidos, el 12 de octubre de 2021 Silva le habría avisado a Lalo Gomes del inicio del juicio y le habría garantizado impunidad ofreciendo “dos votos para cualquier juicio”, explicando que no quería que la causa pasara a un fiscal antinarcotráfico de Asunción que, según sus propias palabras, le “va a querer dar 20 años”. Ese fiscal fue asesinado en mayo de 2022; que su nombre no figure en esta acusación no lo borra como la sombra que explica por qué esta red necesitaba jueces propios.
La Corte Suprema de Justicia tampoco puede alegar sorpresa: ya había recibido una denuncia, con informe de inteligencia, sobre las maniobras de Silva para trasladar a Cachorrão invocando motivos de salud en simultáneo con una circular roja de Interpol emitida por Brasil, y solo abrió sumario y suspendió a Silva el 7 de febrero de 2025, tras la difusión pública de los chats.
El Ministerio Público tampoco sale mejor parado: esa circular roja fue introducida en el sistema paraguayo recién después de la liberación de Cachorrão, en una extradición tardía que llegó cuando el daño ya estaba hecho. El patrón se repite: acotar el escándalo a dos exjuezas sin poder de daño, evitar preguntar quién más miró para otro lado, y cerrar el caso con el mínimo ruido posible, en lugar de investigar también hacia adentro.
Los chats exponen también el nombre de quien se negó a jugar este juego: Silva se quejó ante Lalo de que el entonces director de Establecimientos Penitenciarios, Domingo Antonio Bazán, no quería entregarle a Waldemar para el traslado. Bazán fue acribillado de nueve balazos el 23 de noviembre de 2023, tras años de amenazas atribuidas, según fuentes policiales, al Primer Comando Capital (PCC), la misma facción de Cachorrão.
El fiscal que la jueza buscaba esquivar y el director que se negó a entregar a Cachorrão fueron asesinados, dos crímenes aún sin esclarecer; a quienes sostuvieron esta red desde los despachos, en cambio, los espera como mucho una acusación por prevaricato. Esa asimetría es la verdadera medida de esta impunidad: acusar hoy solo a dos exjuezas sin cargo es la vieja táctica de golpear el eslabón más débil mientras el poder real permanece intacto.
La acusación olvida los tentáculos políticos que sostuvieron a estas magistradas. Según los chats difundidos, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) se habría intervenido para frenar la sanción contra Aguirre y reponer a Silva, recurriendo a un operador con asiento simultáneo en el Consejo de la Magistratura y en el propio JEM, a quien se le pidió ayudar a Silva “por ser del equipo”; ese operador, hoy candidato a la reelección, reconoció los mensajes pero los redujo a “fórmulas de cortesía”. Más arriba aún: quien hoy conduce toda la inteligencia del Estado, designado en 2023, era fiscal adjunto de la Unidad de Narcotráfico y, según los chats atribuidos a Lalo —material que ningún tribunal evaluó todavía—, habría recibido regalos de manera regular mientras presuntamente facilitaba reuniones entre Gomes y la fiscala que investigaba sus vínculos con el narcotráfico brasileño, y habría estado vinculado a maniobras para apartarla del expediente. El funcionario negó las imputaciones, no renunció y continúa al frente de la inteligencia estatal, sin haber sido investigado ni imputado.
Otra entonces fiscala, a quien Lalo, según los mismos chats, habría “operado” para que presidiera la Asociación de Agentes Fiscales, hoy encabeza la secretaría que combate el lavado de dinero. El contraste con lo que sí avanzó judicialmente es elocuente: Orlando Arévalo, expresidente del JEM señalado en los mismos chats, fue imputado y hoy la Fiscalía pide elevar su causa a juicio oral, mientras que quien conduce la inteligencia estatal, con mensajes igual de comprometedores, conserva el cargo que el propio Peña le entregó.
Conviene ser precisos sobre qué de todo esto es hecho acreditado y qué es señalamiento pendiente de verificación judicial, porque la distinción importa tanto jurídica como periodísticamente. Las imputaciones contra Silva y Aguirre, la absolución hoy cuestionada y la elevación a juicio oral de la causa de Arévalo son hechos de registro judicial. Lo que surge de los chats sobre el jefe de inteligencia, la exfiscala emparentada con él o el operador del JEM son señalamientos de una filtración aún no evaluada por ningún tribunal. Esa distinción no les resta gravedad: se trata de funcionarios públicos en ejercicio de funciones sensibles, sobre cuya conducta la ciudadanía tiene un derecho reforzado a ser informada y que, conforme al estándar fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Herrera Ulloa vs. Costa Rica, deben tolerar un escrutinio público mayor al de un ciudadano común.
La furia presidencial ante las preguntas incómodas no es un dato menor: el mismo reflejo de protección institucional parece trasladarse del despacho judicial al micrófono. En diciembre de 2025 calificó de “barrera” insalvable a los cronistas de Presidencia, mientras su equipo expulsaba ese mismo fin de semana a un periodista del grupo oficial de prensa de WhatsApp. En mayo de 2026, ante preguntas sobre el salto de su patrimonio personal —que, según la denuncia presentada en el Congreso por ocho legisladores opositores, fue de poco más de mil trescientos millones de guaraníes en 2017 a más de veintitrés mil millones al asumir la Presidencia en 2023—, respondió insinuando que la periodista podría estar recibiendo pagos del clan Rotela. Y huyó de los movileros durante un paro de transportistas, además de decirles a quienes lo cuestionan que se vayan “a llorar a la llorería”.
Esa frase resume la relación de este gobierno con el control ciudadano: la crítica no se responde, se ridiculiza. Resulta revelador que esa misma liviandad coincida, una y otra vez, con el blindaje a la trama Lalochats: las preguntas sobre patrimonio, fortuna o redes de protección judicial reciben el mismo trato displicente que las que incomodan al “equipo” que protege a un jefe de inteligencia señalado por chats de corrupción. Esa coincidencia habilita, como juicio de valor y no como hecho probado, una lectura: a Santiago Peña no parece incomodarle el periodismo en general, sino específicamente aquel que pregunta por los vínculos entre su gobierno y el crimen organizado —contraste notable en quien firmó la Declaración de Chapultepec y habló ante la Sociedad Interamericana de Prensa de libertad de expresión, mientras en Paraguay se denunciaba una eventual ley mordaza y hostigamiento sistemático contra la prensa.
El periodismo que expuso esta trama —muchas veces desde el anonimato o, como Fátima Garay, premiado por su valentía— merece protección real, no gestos de cortesía institucional: eso exige perseguir a todos los cómplices de la impunidad, no solo a quienes ya no tienen poder para devolver el golpe, y defenderlos también del propio jefe de Estado cuando responde a una pregunta incómoda con la burla pública. Sacrificar a un par de peones para salvar a toda una estructura infiltrada en el Poder Judicial, el Ministerio Público, el JEM, el Consejo de la Magistratura y el propio Poder Ejecutivo —que mantiene en carteras estratégicas a personas señaladas por los mismos chats y que responde a quienes preguntan mandándolos a llorar a la llorería— no es justicia: es el escudo de los capos del narcotráfico antes que un Estado incorruptible, y antes que un periodismo libre.
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