Más de un año después del feminicidio de María Fernanda Benítez, de 17 años, el caso que conmocionó al país y que dio origen a la Ley MAFE atraviesa su etapa más decisiva. El juicio oral y público al presunto autor del crimen avanza con testimonios que, según la Fiscalía, ratifican la acusación, mientras el proceso contra los adultos procesados por encubrimiento ya llegó a la instancia de alegatos finales.

Cómo empezó todo

Fernanda fue vista con vida por última vez el 27 de mayo de 2025, cuando salió de su casa en Coronel Oviedo y no regresó. Ese mismo día, según la hipótesis fiscal, se habría consumado el crimen.

La familia presentó la denuncia por desaparición al día siguiente, el 28 de mayo a las 18:09, y esa misma noche, a las 21:30, la Fiscalía emitió una orden de búsqueda. En las horas siguientes la investigación avanzó rápido: el 29 de mayo se allanó la farmacia propiedad de Franco Acosta, quien supuestamente proveyó de los fármacos abortivos, y el 30 de mayo una compañera de clases aportó una declaración clave.

El hallazgo del cuerpo

El hallazgo del cuerpo ocurrió el 31 de mayo de 2025, cuando vecinos del barrio Villa del Maestro alertaron sobre restos calcinados cubiertos con maleza en un patio baldío, ubicado frente a la vivienda del sospechoso. Ese mismo día la Policía confirmó la detención del joven señalado como presunto autor.

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La autopsia

El 2 de junio de 2025 se realizó la autopsia en la Morgue Judicial del Ministerio Público. El informe preliminar estableció como causa de muerte la asfixia por inhalación de monóxido de carbono, junto con múltiples golpes en el cuerpo, además de confirmar que la joven cursaba un embarazo de cuatro meses.

Dos días después, el 4 de junio, una inspección judicial en otro terreno baldío cercano permitió hallar un celular con chip intacto, presuntamente de la víctima, una sábana, prendas femeninas y blísteres vacíos de psicofármacos, elementos que se sumaron como evidencia.

Los imputados

El mismo 2 de junio, la entonces fiscal del caso imputó al adolescente señalado como autor por feminicidio, aborto en grado de tentativa y violación de la patria potestad, al tiempo que procesó a Chiara Mickhaela Rolón como presunta instigadora.

Con el correr de la investigación la lista de imputados creció: los padres del principal acusado, su suegro y otros adultos también fueron procesados, señalados de haber ayudado a ocultar al sospechoso y evidencia mientras públicamente colaboraban con la búsqueda.

Entre los datos que surgieron en el proceso, registros de un hotel muestran que el sospechoso estuvo alojado allí seis horas la noche del 31 de mayo de 2025, hasta que lo retiraron poco antes de que se encontrara el cuerpo. Según la Fiscalía, en ese momento la denuncia de desaparición presentada por los padres ya era falsa.

El juicio a los adultos: alegatos finales

El proceso contra los adultos procesados por delitos conexos, como frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias, llegó a su tramo final en julio y agosto de 2026.

El 29 de julio, en la audiencia 26, se analizaron conversaciones e imágenes borradas de celulares, y el 31 de julio el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Luis Ovelar, Andrea Riquelme y Víctor Vera, inspeccionó la escena del crimen y el lugar donde se abandonó el cuerpo.

Posterior a esto, el 4 de agosto los acusados adultos negaron su participación en sus declaraciones, el 5 de agosto el Ministerio Público pidió hasta 10 años de prisión para algunos de ellos durante los alegatos finales, y el 6 de agosto la querella solicitó penas de hasta 15 años.

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El juicio al principal acusado: en curso

En paralelo, el juicio oral al adolescente señalado como autor del crimen, hoy ya mayor de edad, tuvo un recorrido más accidentado. Estaba previsto para el 20 de julio, pero se postergó por un cambio de defensa técnica y un pedido del Ministerio Público.

Recién el 9 de agosto se fijó una nueva fecha, y el 10 de agosto el proceso entró en etapa de incidentes sin arrancar de fondo. El 11 de agosto la Fiscalía informó que el acusado se expone a 8 años de condena, mientras la defensa de Chiara Mickhaela Rolón pidió su absolución y cuestionó las pruebas presentadas.

Para el 12 de agosto, el fiscal Fermín Segovia señaló que los testimonios escuchados hasta el momento resultan favorables a la tesis acusatoria.

Nuevas pruebas, un acta cuestionada y las penas que pide la Fiscalía

En diálogo con ABC Color, el fiscal Fermín Segovia detalló los últimos movimientos procesales. Entre las novedades más relevantes, explicó que el tribunal admitió la incorporación de dos elementos surgidos después de la acusación original: un informe de evaluación psicológica a una adolescente, realizado en febrero de 2026, y videos vinculados a una causa por delitos económicos que involucra al dueño de la farmacia, Franco Acosta.

El fiscal afirmó que, al reunir la característica de hecho nuevo, el tribunal aceptó esa inclusión, postura en la que coincidió la querella. Por su parte, la defensa pidió excluir un acta de procedimiento fiscal correspondiente a la primera diligencia realizada en el lugar del hallazgo, documento elaborado junto a agentes policiales, los padres del acusado y otros intervinientes.

Segovia también precisó el marco penal aplicable al adolescente acusado como autor material del crimen. Como los hechos ocurrieron entre abril y mayo de 2025, rige la ley penal vigente en ese momento, que establece penas de 6 meses a 8 años para adolescentes, y no la reciente reforma que elevó la pena máxima a 10 años. El fiscal explicó que la modificación dispuesta por el Poder Legislativo rige para casos futuros y no pasados debido al principio de irretroactividad de la ley, por lo que la expectativa de pena no podrá superar los 8 años.

Respecto a los demás procesados, el fiscal detalló las penas recomendadas por el Ministerio Público: 10 años de prisión para Chiara Mickhaela Rolón, señalada como instigadora, para quien la querella solicita 15 años; 4 años y 6 meses para los padres del adolescente acusado; 4 años para el dueño de la farmacia, Franco Acosta, cuyo marco penal máximo llegaría a 7 años y 6 meses; y 3 años de prisión para Ricardo Villamayor.