El proyecto de ley “Que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879/1981 Código de Organización Judicial” figura como 4° punto del orden del día, de la sesión ordinaria del Senado, convocada para las 09:00. La norma ya fue aprobada por Diputados, y si el Senado no se expide tendrá sanción automática el próximo jueves 22.
Ayer, en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales hubo un fuerte cruce de posiciones entre el contralor General de la República, Camilo Benítez y el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos.
Por pedido del senador Fidel Zavala (PPQ) y con respaldo de los miembros solicitarán hoy al pleno postergar el tratamiento por una semana para tener más informes sobre el tema.
Titular de Contraloría dice que actual sistema favorece a impunidad
El contralor general de la República, Camilo Benítez, dijo que con el actual sistema, una mayoría presenta acciones de inconstitucional, generando un caos jurídico en materia penal que favorece a la impunidad.
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Citó como ejemplo que cuando la Contraloría denuncia a una persona por un hecho de corrupción, la defensa del funcionario público sostiene que ya cuenta con una sentencia del Tribunal de Cuentas, en la que se le aprueba su ejecución presupuestaria, razón por la cual alegan que la Fiscalía no podrá iniciar una persecución penal. “Todo el trabajo de la Contraloría queda en agua de borrajas”, dijo.
“Lo que hacen es librar un oficio a preguntar si existe o no una auditoría, y que cuando no existe, entonces se valen de eso para aprobar su ejecución presupuestaria y esa situación plantea un escenario favorable para la impunidad”, agregó.
Defensa al Tribunal de Cuentas
El ministro Ríos dijo que ve con preocupación que se sostenga que porque el Poder Judicial ejerza su rol constitucional ya se favorece a la corrupción. Eso sí es muy fuerte, porque ya no es una acusación a un magistrado, a un juzgado, a un tribunal, es la acusación al propio diseño constitucional.
“A mi me gustaría que el contralor me diga qué atribuciones se han escamoteado a la Contraloría. Fue tremenda la acusación porque claramente se dijo que hay muchos funcionarios corruptos que no pueden ser sancionados porque arreglaron la cuestión ante el Tribunal de Cuentas, y presentan como cosa juzgada”, indicó y dijo que la misma acusación se traslada a la Contraloría cuando la evaluación es muy puntillosa al adversario del gobierno.
Reiteró que ninguna atribución del artículo 283 de la Constitución ha sido eliminado por acuerdo y sentencia.
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Por su parte, el senador Javier Zacarías Irún (ANR) defendió la atribución del Tribunal de Cuentas y dijo que prefiere salir con un juzgamiento del Tribunal de Cuentas, a que se le persiga con un garrote político, con auditorías traídas de los pelos, dijo en alusión al caso de su esposa, la destituida intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod (ANR).
“Me apego a la independencia del Poder Judicial”, dijo al señalar que no le quitaría el rol al Tribunal de Cuentas.