Rolón desistió de inconstitucionalidad y Contraloría auditará de nuevo a la Fiscalía

El propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón se presentó este martes en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para desistir de la acción de inconstitucionalidad que había promovido su predecesora, Sandra Quiñónez, para evitar que la Contraloría ingrese al Ministerio Público a revisar los números de la institución.

“La tarea de control debe ejercerse siempre. Todos nos sentiríamos mejor si cada tiempo se lleva a cabo un exhaustivo control, de forma a corregir los defectos, en caso que los haya”, expresó el titular del Ministerio Público tras presentar el escrito por el cual la institución a cargo desiste de la acción planteada por Quiñónez.

Rolón agregó que el objetivo, con el retiro de la acción de inconstitucionalidad, es hacer realidad la política de puertas abiertas y transparencia en el Ministerio Público, como prometió desde que se postuló para la Fiscalía General del Estado.

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La Sala Constitucional había resuelto hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Quiñónez, y suspender los efectos de las leyes implicadas en el “Código de Organización Judicial”, en relación al pedido de la entonces fiscal General del Estado, para evitar rendir cuentas ante la Contraloría General de la República.

Auditoría es tarea de la Contraloría, afirma Rolón

En cuanto a la postura de Sandra Quiñónez, respecto a la acción de inconstitucionalidad planteada, el nuevo titular del Ministerio Público resaltó que la auditoría de la institución a su cargo es una “misión constitucional” de la Contraloría General de la República, y que la tarea del Tribunal de Cuentas es distinta a la función de juzgar.

Añadió que el mecanismo de la auditoría no debe tomarse como una negativa a un sistema, sino que se debe buscar la forma que redunde en beneficio de cada gestión. Al respecto, destacó que una institución tan grande como el Ministerio Público necesita conocer sus falencias y someterse a controles que sean reales.

Rolón admitió que la Fiscalía “necesita ajustarse en muchos temas” y es por eso que, desde que asumió al frente de la institución, viene realizando varios cambios, con el objetivo de “ordenar y organizar la casa”, a fin de que satisfacer la expectativa de gestión ciudadanía correcta.

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Acción de Quiñónez fue para evitar auditoría de la CGR

Sandra Quiñónez promovió la acción de inconstitucionalidad en febrero de 2019, en contra la Ley N° 2248/2003, “Que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981 Código de Organización Judicial”, por la cual se priva al Tribunal de Cuentas la competencia para juzgar las rendiciones de cuentas de las ejecuciones de inversiones del Presupuesto General de la Nación.

Es decir, la entonces fiscala general del Estado buscaba que sea el Tribunal de Cuentas y no la Contraloría de la República, el órgano que revise la ejecución presupuestaria del Ministerio Público.

Con la acción planteada, Quiñónez contradijo lo afirmado en la audiencia pública cuando concursó por el cargo de fiscal general del Estado, ya que había asegurado que permitiría que la Contraloría General de la República verifique su gestión administrativa en caso de dirigir el Ministerio Público.

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